El presidente de la Abogacía urge a Catalá a tumbar las tasas judiciales

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene trabajo por hacer en lo que le queda de legislatura que le resta al Partido Popular en el Gobierno. Hasta 17 leyes enumeró ayer en la ciudad de Alicante el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, que han de revisarse para su aprobación definitiva. Entre las normativas, la famosa ley de tasas que legó Alberto Ruiz-Gallardón es la principal protagonista, pues su aprobación contó con el rechazo generalizado de la judicatura en forma de huelga. El letrado aboga por retornar al sistema anterior, cuyos cánones abonaban las empresas de «determinado tamaño» que, en cualquier caso, se podían recuperar si se ganaba el litigio.

Con la legislación actual, el ciudadano ha de aportar 800 euros para recurrir a las audiencias provinciales y 1.200 euros por acudir a los tribunales superiores de justicia. Sin embargo, dichas cantidades no se recuperan pese al dictamen de una sentencia que le favorezca al recurrente. Es decir que, ahora, «cuanto más se gane -judicialmente-, más se va arruinar», como aseguró el presidente del Consejo General de la Abogacía Española. «Hay cosas que chirrían, que no pueden ser», añadió en referencia a este mismo asunto. Solo en la provincia de Alicante, la normativa ha propiciado el desplome de las apelaciones y de los contenciosos-administrativos desde su puesta en funcionamiento.

Carnicer fue el encargado de inaugurar en el Auditorio de la Diputación (ADDA) el Congreso Internacional de Derecho de Agua, que organiza Sedeagua, la Sección de Derecho de Agua del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (Icali), con cuyo decano, Fernando Candela, compartió mesa y donde además se pudo ver al presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, entre otros personajes de la judicatura alicantina. Al final del acto, el presidente de los abogados recordó que «todos los grupos políticos excepto el PP» optan por derogar o al menos suspender las tasas judiciales.

Por el momento, los letrados saben que la normativa «se revisará», tal y como prometió Rafael Catalá tras su investidura como ministro. El presidente del Consejo de la Abogacía del Estado espera que «nos cite y nos podamos sentar», por lo que «le hemos ofrecido un plazo generoso». Asimismo, se mostró satisfecho con las declaraciones del nuevo ministro de Justicia en las que afirmó que no iba a aprobar nuevas leyes sin discutirlas con los sectores a los que afectaran.

No obstante, Catalá parece quedarse sin tiempo para abordar todos los asuntos que desde la Abogacía urge abordar, entre los que destacan la ley de acceso a la justicia gratuita, la ley de costas o la jurisdicción voluntaria, además de las mencionadas tasas. «Sería un período legislativo provechoso», anunció Carnicer, «si se culminan» al menos esas normativas de las 17 que aseguró que hay que revisar.

Mientras, el presidente de la Abogacía del Estado se refirió a otras leyes, las del agua, pues la buena legislación en dicha materia, «con la que contamos en este país», evitaría problemas de desigualdades. Por ello, Carnicer instó a ir más allá en su regularización para asociar el concepto de ciudad bien urbanizada con menos problemas hídricos.