Anticorrupción recurre el archivo de la causa contra Alperi por el 'caso Rabasa'

La Fiscalía Anticorrupción entiende que la participación del exalcalde de Alicante y exdiputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi fue más que suficiente como para figurar entre los imputados del 'caso Rabasa', tal y como ha podido saber este diario. El pasado 6 de octubre, el instructor de la causa, Juan Carlos Cerón, dictó el sobreseimiento, una decisión para nada compartida por las acusaciones a tenor del informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante, donde se señala a Alperi como uno de los principales colaboradores en el Ayuntamiento de la ciudad para beneficiar a Enrique Ortiz con la llegada de Ikea y la construcción de 13.500 viviendas en el Plan Parcial.

Todo un presunto pelotazo urbanístico que se investiga en el Juzgado de Instrucción 6 del Palacio de Justicia de la capital alicantina, pese a que la causa no termina de coger impulso. Además de los recursos por la decisión del juez de exonerar al exalcalde, el juez deberá resolver el intento de las defensas por tumbar toda investigación. Mientras, las declaraciones de los imputados por delitos como prevaricación y tráfico de influencias siguen en el limbo pese a que deberían iniciarse el próximo 27 de octubre y culminar justo un mes después.

La alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, el presunto corruptor, Enrique Ortiz, así como el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, entre otros responsables municipales, así como representantes del Ministerio de Fomento deberán comparecer una vez se resuelva el incidente de nulidad planteado por la defensa del empresario alicantino, que ejerce el letrado Francisco Ruiz Marco.

El Ministerio Público se suma de esta forma a los recursos contra la exculpación de Alperi que ya presentaron las acusaciones populares. Tanto Esquerra Unida, formación que formuló la denuncia que inició el caso, como el PSOE alicantino sostienen que la presunta participación del exalcalde queda más que retratada en las miles de páginas de informe con las escuchas policiales.

Entre dichas evidencias, EU señala el viaje a Oporto de Alperi y Castedo para citarse con responsables de la multinacional sueca del mueble antes incluso de que se aprobarse de forma provisional el texto refundido del Plan Rabasa. Para la formación de izquierdas, «se trata de un viaje oculto y clandestino en el que además Alperi ya no era alcalde y no ostentaba ninguna competencia oficial» y que solo podía obedecer a garantizarse beneficios personales. Por ello, en el escrito del letrado José Luis Romero se apunta a que el exalcalde pudo contribuir de «forma decisiva».

En este extremo también coinciden los socialistas, quienes apuntaron en su escrito los principales apartados en los que aparecen el exdiputado popular en Les Corts y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, como presuntos implicados en los tejemanejes para llevar a buen puerto los movimientos urbanísticos.

Además, los abogados del PSPV consideran que, frente al argumento del instructor de que no queda acreditada la implicación de Alperi en delito alguno, en esta fase inicial del procedimiento en la que no se han iniciado las declaraciones de los denunciados-imputados, «es suficiente con los indicios que establecen la probabilidad de implicación».

De cualquier modo, las pesquisas por esclarecer cómo se fraguó y con qué finalidad el Plan Parcial de Las Lagunas de Rabasa parecen condenadas a avanzar de una forma muy pausada.