La hija de Zaplana, investigada por su relación con el entramado de Oleguer Pujol

María Zaplana, hija del exministro del PP Eduardo Zaplana, es una de las 26 personas que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga dentro de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre el dinero en paraísos fiscales de Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente catalán.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, a María Zaplana, mujer del socio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias, se le atribuyen los delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública, los mismos que a su marido y al hijo de Jordi Pujol.

La Fiscalía Anticorrupción presentó hace unos días una denuncia en el marco de la investigación que llevaba el juez Pedraz sobre siete operaciones inmobiliarias hechas por Oleguer Pujol con dinero cuyo origen se desconoce.

Esa querella, según las mismas fuentes, se dirige contra 26 personas y 40 empresas que participaron en las operaciones del hijo del expresidente catalán, entre ellas la mujer de Oleguer Pujol, Sonia Soms.

El juez ha levantado el secreto de sumario de la causa y ha aceptado la personación de Podemos, una de las organizaciones que presentó la querella contra los Pujol en base a la que Pedraz comenzó su investigación.

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a Oleguer Pujol y registró su casa de Barcelona y quince empresas vinculadas a él de Madrid, Valencia y Melilla.

La Fiscalía pone en cuestión la legalidad de siete operaciones inmobiliarias de miles de millones de euros realizadas por Oleguer Pujol con dinero de origen desconocido.

Algunas de ellas son la compra de 1.152 oficinas del Banco de Santander con un valor de 2.117 millones, la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades ligadas al miembro de los Pujol Step Negocios y Ursus Alfa, la compra de un hotel en Canarias y varias operaciones realizadas entre la empresa Longshore y Prisa División Inmobiliaria.

También se indagan ampliaciones de capital entre sociedades (residentes fiscales en España y no residentes), inversiones que no parecen tener financiación suficiente e hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía.