efe
Lunes, 3 de noviembre 2014, 20:13
La Abogacía de la Generalitat ha informado al Ejecutivo autonómico de que el recurso contra la obligación de entregar las facturas de caja fija desde 2006 no tiene "argumentos jurídicos" para prosperar, y espera contestación formal para formalizarlo o no.
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Así lo ha asegurado la secretaria autonómica de Presidencia, Cristina Macías, en la comisión de Coordinación de Les Corts, donde ha comparecido a petición propia y de Compromís para informar de los criterios para interponer recursos de casación contra sentencias relativas a la vulneración de derechos de los diputados.
En el caso de la sentencia que obliga al Consell a entregar los gastos de caja fija a Compromís, que el Ejecutivo ya ha anunciado que va a recurrir, ha explicado que la Abogacía ha hecho un informe en el que afirma que "no existen argumentos jurídicos que puedan hacer prosperar esta decisión", en base a la jurisprudencia creada.
No obstante, ha dicho entender que haya otros motivos que imposibilitan la ejecución material de esa sentencia, por lo que están esperando "la contestación formal por parte de la Conselleria" para que les diga si formalizan o no el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Macías han reconocido que existe "una línea jurisprudencial clara" que reconoce que el derecho de los diputados a recibir información y documentación es "ilimitado", pero ha considerado que "un desmesurado ejercicio de ese derecho" puede paralizar la administración.
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Por ello, ha abogado por encontrar "una solución equilibrada que permita conjugar ese derecho con el normal funcionamiento de la administración".
La portavoz adjunta de Compromís Mónica Oltra ha denunciado que el Consell lleva "años vulnerando el derecho de información de los diputados" y se ha mostrado convencida de que recurre la sentencia sobre la caja fija "porque ahí se oculta la corrupción y las tarjetas 'black' del Gobierno de Fabra".
Se empezaron a pedir en 2007
Oltra ha asegurado que si le hubieran entregado las facturas de la caja fija cuando empezó a pedirlas en 2007, "no tendríamos la corrupción que tenemos", y ha preguntado por qué se niegan también a dar otras facturas como las de los viajes de Alberto Fabra al torneo Roland Garrós o los sondeos de opinión hechos por la Generalitat.
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La secretaria autonómica ha negado que los recursos respondan a la pretensión de denegar o demorar información a la oposición, ni son "una actuación sistemática" del Consell, y ha señalado que algunos de los documentos solicitados están en el portal de transparencia y en otros casos, la cantidad es "excesiva".
Ha defendido que el esfuerzo del Ejecutivo autonómico por dar respuesta a las solicitudes de documentación es "innegable", y ha señalado que en el caso de la caja fija la cantidad de documentación es "excesiva y desproporcionada" para una sola petición.
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La diputada socialista Eva Martínez ha considerado que si el Consell tuviera la voluntad de cumplir la sentencia en el caso de la caja fija, "no Sería necesario recurrir en casación", sino que se hubiera podido pactar el modo, el tiempo y la manera de entregar esas facturas.
Además, ha explicado que cuando una parte recurre una sentencia se entiende que se han perjudicado sus intereses, y ha preguntado en qué perjudica a los intereses de la Generalitat la entrega de documentación o información a los grupos parlamentarios.
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Ignacio Blanco (EU) ha denunciado que el vicepresidente del Consell se comprometiera con los grupos parlamentarios a retirar los recursos de casación contra sentencias de este tipo, y en lugar de cumplir con esa promesa presenta nuevos, y ha preguntado cuánto cuesta a los valencianos cada recurso de este tipo.
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