La Fiscalía sostiene que Alperi auspició las irregularidades del Plan Rabasa

La Fiscalía Anticorrupción, al igual que el resto de acusaciones, recurrió el archivo de la causa del Plan Rabasa para Luis Díaz Alperi, en la que el Juzgado de Instrucción 6 de la capital alicantina investiga las presuntas irregularidades para beneficiar a Enrique Ortiz con la llegada de Ikea y la construcción de 13.500 casas. Anticorrupción le considera un colaborador en la sombra pese a haber abandonado la primera línea de la política de la ciudad.

Sus argumentos resultan más que contundentes, pues sitúa al también exdiputado del Partido Popular en Les Corts como un «perfecto conocedor» y «máximo valedor del Ayuntamiento» ante «los intereses urbanísticos» de Ortiz, como alegó para pedir la imputación de Alperi y al que confiere un relación de amistad con el empresario que queda evidente en las conversaciones intervenidas por la Policía.

Sin embargo, el instructor, Juan Carlos Cerón, consideró la aseveración insuficiente, pese a que citó a declarar como imputados a otras cinco personas a raíz del informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF. Aun así, el Ministerio Público se ratifica y alega en su recurso que Alperi «auspició y amparó» desde el Ayuntamiento las presuntas irregularidades para favorecer al industrial alicantino, «conforme fueron conviniendo a los intereses económicos de éste», como se recoge en el documento.

Para apuntalar las acusaciones, el representante del fiscal se remite a conversaciones en las que se habla de contratos que fueron pergeñados en tiempos en los que el alcalde electo todavía ocupaba el cargo en el Consistorio.

Algunos de esos documentos, que recogen compromisos de Ikea con el empresario, fueron incautados en los registros a las oficinas de Ortiz en el marco de la 'Operación Brugal' y que, a ojos de la Fiscalía Anticorrupción, solo pudieron llevarse a cabo gracias a las relaciones personales mantenidas con Alperi y con Sonia Castedo.