Los discapacitados vuelven a la carga contra el Consell al insistir en cobrar servicios

Los discapacitados y dependientes alicantinos han vuelto a la carga. La sentencia del TSJ que anulaba el copago en los centros residenciales, ocupacionales y de día no ha servido para que se ponga fin al «afán recaudatorio» de la administración, según denunciaron ayer los afectados. La Conselleria de Bienestar Social ha comunicado que esta medida tiene que seguir aplicándose -anunció que recurriría el fallo- y prepara una nueva tasa que entrará en vigor el próximo año para blindarlo ante los tribunales.

La gota que ha colmado el vaso de familiares y entidades es el anuncio de la Generalitat de establecer este copago o tasa mediante la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2015. Una «argucia legal que solo persigue alargar los tiempos para no asumir su responsabilidad perjudicando con ello a un sector al que tienen la obligación de proteger», denunció Alfonso Rodríguez, de la delegación del Cermi-CV en Alicante.

Rodríguez, también responsable de la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos Mentales de la Comunitat (FEAFES), se refiere a la negativa de Bienestar a cumplir con la sentencia. El recurso ante el Supremo supondrá que el conflicto se enquiste entre un mínimo de dos a tres años en el tribunal. ¿Y mientras? Los centros tienen que seguir aplicando el copago. Así se ha transmitido a través del envío «masivo de cartas» a los responsables.

El edificio Prop de Alicante fue el escenario ayer de la primera de las concentraciones. A pesar de la lluvia, familiares, trabajadores y usuarios se movilizaron para exigir a la Generalitat que cumpla con la sentencia judicial, que retire todas las medidas que «atentan» contra los discapacitados ya que muchas personas se han visto obligadas a abandonar estos servicios por el copago. Quieren que se les restituya en sus plazas de atención.

Hay que recordar que este sistema de desembolso entró en vigor en enero de este año y ha sido en octubre cuando el TSJ se pronunció a favor de los discapacitados que presentaron un recurso. Sin embargo, el júbilo del colectivo duró poco tiempo porque la administración anunció las tasas. Una fórmula legal que, a juicio de Blas Mataix, de Cocemfe, puede llevar a que más usuarios abandonen los servicios al no poder costearlos. La diferencia es que ahora son los centros los que deben recaudar el copago y muchos se están negando a aplicarlo debido a que el usuario ya estaba realizando una aportación. Con las tasas sería la administración la encargada de la recaudación y, posteriormente, pagaría a los centros por la plaza.

Miquel Martorell, representante de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante, recordó que los usuarios afectados necesitan acudir a estos centros y lamentó que se quiera recaudar dinero entre un colectivo vulnerable que ya está soportando una importante carga económica.