El expresidente de la CNMC niega que seis de las grandes turroneras pacten los precios

El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (desde su creación en el año 2007, bajo mandato de Rodríguez Zapatero y con Pedro Solbes de ministro de Economía hasta la finalización de su mandato en el año 2011) y presidente del Tribunal de la Competencia (2005-2007), Luis Berenguer Fuster, niega de forma categórica y taxativa que las seis empresas turroneras (cinco de Jijona y otra de Toledo) señaladas directamente por el organismo que vela por la libre competencia en los mercados estén amañando los precios e intercambiando información «comercialmente sensible». Además, el ahora abogado experto en asuntos sobre competencia y libre mercado del afamado despacho Broseta cuestiona el proceso abierto hace ahora un año por la CNMC, con una investigación a varias turroneras, que desembocó a principios del mes pasado en la apertura del expediente sancionador tras observar «indicios racionales de conductas prohibidas».

Luis Berenguer Fuster, que en estos momentos ya está estudiando a fondo los expedientes abiertos a las turroneras (Delaviuda Alimentación SA, Almendra y Miel SA -fabricante de las marcas El Lobo y 1880, Sanchis Mira SA -fabricante de Antiu Xixona y La Fama-, Turrones Picó SA, Enrique Garrigós Monerris y Turrones José Garrigós SA), asegura, en declaraciones a este diario, que «analizado el expediente, mi primera impresión es que, de los documentos obtenidos por los inspectores de la Competencia, no se puede deducir que haya habido concertación de precios» entre las principales turroneras. Entre ellas concentran entre el 70% y el 80% de la cuota nacional de turrones y dulces navideños (sin incluir las gamas específicas de chocolates).

Berenguer incluso pone en duda el 'modus operandi' de los instructores del expediente sancionador incoado a las seis firmas, que han mantenido un sepulcral silencio salvo en el caso de Almendra y Miel SA, la cual se ha desvinculado totalmente de estas prácticas al argumentar que su estrategia pasa, precisamente, por la diferenciación de productos, también en precio (elevado). El presidente del Consejo del Turrón y de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós, que dirige la firma Enrique Garrigós Monerris también expedientada, ha optado por el mutismo por recomendación de sus abogados. Pero Berenguer Fuster lo tiene claro. «De los correos electrónicos analizados no se puede inferir que sea consustancial la creación de un cártel del turrón, pues no se cita en dichas comunicaciones ni la existencia de reuniones, ni fechas y formalización de acuerdos, ni pactos entre las partes, ni el amaño de los precios». Además, según ha sabido este diario, el origen de la investigación («determinada información relacionada con probables conductas anticompetitivas en el suministro de turrones» como alude la CNMV) no reside en una denuncia con nombres y apellidos de un fabricante de la competencia, de Jijona o de otro territorio nacional. La base de las inspecciones del 5 y 6 de noviembre del año 2013 y la apertura del expediente sancionador del mes pasado hay que buscarla en una denuncia anónima de un «empleado directivo infiel» de una de las turroneras expedientadas, según confirman a este diario fuentes de la propia CNMC.

Luis Berenguer Fuster ya prepara las alegaciones sobre su cliente, Turrones Picó SA, mientras que el otro Berenguer de la saga de letrados, Luis Berenguer hijo, que trabaja en el gabinete de Presidencia de la OAMI, no puede representar a nadie por incompatibilidad, pero sí lo hace su gabinete Pomares y Berenguer. Concretamente, asesora al presidente de la Cámara, José Enrique Garrigós, el cual se juega mucho en este proceso, no ya por el impacto sobre la imagen de marca de una DO histórica como la del turrón, sino también porque su cargo en el organismo provincial pendería de un hilo de ser finalmente sancionado. El expresidente de la patronal Coepa, el constructor Rafael Martínez Berna, ya tuvo que dimitir tras verse involucrado en un caso idéntico, aunque en el reparto de las contratas de obra pública, con cantidades millonarias en juego. En el caso del turrón, el escenario es muy distinto. Según diversos empresarios afectados, que piden su anonimato a este diario, se trataría de márgenes muy estrechos de céntimos de euro por kilo, en el supuesto de un amaño. Además, afecta a un producto de lujo y no básico, como el azúcar, la leche, el arroz o la electricidad. «Ahí es donde debería Competencia hincar el diente y no a nosotros», explica gráficamente un reputado fabricante de turrón en tercera generación.