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José Vicente Pérez Pardo
Lunes, 10 de noviembre 2014, 00:55
«¿Vale más la vida de un bombero que la de cualquier otro funcionario?» es la preguntará que elevará al Pleno ordinario de noviembre el portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Fernando Llopis. La cuestión se basa en la diferencia que existe en la indemnización por fallecimiento en las pólizas para los miembros de Bomberos, específica para este cuerpo, y del resto de funcionarios municipales, con carácter general: 95.000 euros para los primeros y 55.000 euros para los demás.
No es la única diferencia. Esta póliza específica incluye otros conceptos que no están en el seguro general que ya tiene contratado el Ayuntamiento como la cobertura a un tercero (mujer o compañera), suicidio o, incluso, cualquier siniestro que se produzca fuera del horario laboral, según la documentación en la que se basa UPyD para plantear esta pregunta al Pleno.
Llopis intentará que el concejal de Hacienda y, a su vez, de Seguridad, además de Recursos Humanos, «consiente estas desigualdades entre funcionarios», según explicó el portavoz magenta a este diario. En opinión del portavoz de la formación magenta, el Ayuntamiento debe velar «por la garantía por igual a todos los funcionarios municipales», es decir, que todos los trabajadores del Ayuntamiento tengan las mismas condiciones laborales, pese a que es consciente de que los Bomberos es un grupo que lleva el riesgo implícito en su función.
La contratación de un seguro específico para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) forma parte de la negociación que mantuvo este colectivo con el Ayuntamiento de Alicante durante el primer semestre del año, en el que se llegó a plantear incluso no participar en las horas extraordinarias a consecuencia de la Cremà, al no ser obligatorias.
Los bomberos consiguieron varias mejoras laborales, entre ellas en personal y seguridad. Pero también esta póliza, que reclamaban en cumplimiento del artículo 36 de la Ley 7/2011 de 1 de abril de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Valenciana, en el que obliga a las administraciones públicas a contratar estos seguros de vida, accidentes y de responsabilidad civil.
El Ayuntamiento de Alicante firmó este compromiso con el Cuerpo de Bomberos y, como tal lo llevaron a efecto, no sin reparos por parte de los propios técnicos municipales de Hacienda, según el informe que incluía el expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 13 de octubre.
En este documento, al que ha tenido acceso este periódico, los técnicos hacen ver que las instrucciones ordenadas por la Concejalía de Hacienda para la contratación de este seguro derivan «de la decisión negociada».
Diferencias
Sin embargo, advierten dos puntos muy importantes: primero, «en la citada normativa, no se regula el importe mínimo de las indemnizaciones, ni otros aspectos importantes como pueden ser el ámbito geográfico de la cobertura o si la misma debe cubrir exclusivamente los hechos acaecidos durante el servicio o fuera de él, etc». Es decir, la póliza firmada por el Ayuntamiento sobrepasa, con mucho, las obligaciones de la ley. En palabras de los funcionarios de Hacienda, todas estas condiciones quedan «como elemento discrecional que debe ser valorado y negociado». O sea, que están incluidos porque la Concejalía así lo ha negociado.
La segunda puntualización que hacen los técnicos de la Hacienda municipal recuerdan que el Ayuntamiento «dispone de un seguro colectivo de accidentes que da cobertura tanto a los miembros de la Corporación, como a los empleados públicos en activos y terceros que presten servicio», incluidos los propios Bomberos y otros cuerpos de seguridad como la Policía Local o Protección Civil. Entre los casos que cubre esta póliza van desde los envenenamientos a las consecuencias de un rayo con cobertura mundial.
Unos 2.100 empleados públicos del Ayuntamiento están cubiertos por este seguro colectivo, que cuesta a las arcas públicas 26.015,75 euros anuales. El seguro para los 161 bomberos es de 80.000 euros anuales ya firmados hasta 2017.
Avisan los técnicos municipales que el conjunto de miembros del Speis «deberán ser excluidos de la póliza del seguro colectivo de accidentes del Ayuntamiento», ya que están cubiertos doblemente. Lo que tiene de bueno es que bajará la prima que debe satisfacer el Consistorio alicantino se verá reducida «en la proporción que se determine oportunamente en su momento».
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