Avilés acusa a los administradores del FROB de destruir pruebas sobre préstamos a sus familiares

El expresidente de la Comisión de Control de Caja Mediterráneo (CAM), el murciano Juan Ramón Avilés, ha ampliado la denuncia que presentó el año pasado contra los tres administradores del FROB que se hicieron cargo de la Caja a raíz de la intervención del Banco de España y antes de que la entidad fuera vendida al Banco Sabadell. Avilés denunció en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, a José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña y Benicio Herranz Hermosa, a quienes acusa asimismo de destruir supuestamente unos documentos sobre los créditos que la Caja concedió a sus empresas familiares -las promotoras La Vereda Sucina, Residencial Sucina y Roig Coll- y que avalarían la legalidad de aquellas operaciones.

Antes presentar la denuncia, Avilés declaró que el FROB había destruido documentos que acreditaban su inocencia, y que este organismo dependiente del Banco de España le había tomado manía. El expresidente de la Comisión de Control había sido denunciado previamente por el FROB por los presuntos delitos societarios, de apropiación indebida y administración desleal, además de otro por otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.

Querella contra el exconcejal

La Fiscalía pidió dos años y seis meses de prisión a raíz de la causa que se abrió en la Audiencia Nacional, que es una de las ramificaciones de la investigación general contra los antiguos gestores de la CAM. El Banco de España sostuvo que Avilés, que antes fue concejal del PP en Murcia, utilizó a su hermana como testaferro para obtener créditos por 17 millones de euros en condiciones supuestamente ventajosas para las tres empresas familiares a las que Avilés está vinculado.

En la ampliación de su denuncia contra los tres ex administradores del FROB, Avilés manifestó que se habían destruido todos los expedientes comerciales de las operaciones de crédito concedidos a las tres empresas familiares, cuyos contenidos eran esenciales para desvirtuar la denuncia que el FROB presentó en su contra. Añadió que la destrucción de tales expedientes le han perjudicado porque motivaron la querella presentada ante la Audiencia Nacional. «Si estos documentos no se hubieran destruido podría haber acreditado en este proceso penal que la querella era falsa», declaró ante la juez.

Dijo desconocer quién había destruido la documentación, pero que tal acción pudo producirse antes del 15 de junio. Avilés se enteró de ello porque una oficina financiera del Mar Menor que debía custodiarlos le pidió a él mismo una copia porque los había perdido. En el curso de las diligencias, el Banco de Sabadell contestó al juzgado que no intervino para nada en la custodia o traslado de dicha documentación.