El juez de Rabasa rechaza el último intento para tumbar el caso

La causa del Plan Rabasa sigue adelante. El instructor del caso ha rechazado los recursos interpuestos por varios de los presuntos implicados que ponían en serio riesgo la legalidad de las actuaciones que permitieron cazar al empresario Enrique Ortiz conversando con los principales responsables del Ayuntamiento de Alicante, entre los que se encuentran la alcaldesa Sonia Castedo, su antecesor Luis Díaz Alperi, y algunos técnicos municipales para que facilitasen la llegada de Ikea en suelos de su propiedad y la construcción de más de 13.500 viviendas.

Las escuchas intervenidas por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con la autorización del juzgado Instrucción 3 de Orihuela han sido desde el principio la diana de todos los intentos por tumbar toda la investigación. Las defensas solicitaban invalidar el informe policial en el que se desglosan las presuntas actividades ilícitas de los protagonistas para obrar en beneficio de Ortiz, ya que se basa en los 'pinchazos' en cuestión.

Concretamente, la defensa del industrial alicantino planteó por quinta vez la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento. El instructor del caso, Juan Carlos Cerón, desestima el incidente de nulidad presentado por Ortiz, así como por el gerente de Urbanismo de Alicante, Enrique Sanus, y una de las técnicos de la Concejalía imputadas que la Policía apunta como una de las máximas colaboradoras del empresario, Isabel Campos. El titular del Juzgado de Instrucción 6 del Palacio de Justicia de la capital insiste en lo ya dicho en las cuatro veces anteriores: no es el momento procesal.

En esos términos se expresa el juez en la providencia a la que ha tenido acceso este diario y en la que insta a los recurrentes a llevar dicha cuestión en el momento oportuno, es decir, en un juicio oral en el que se juzguen los hechos denunciados por Esquerra Unida.

Asimismo, los imputados recurrieron el auto por el que imputó a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, así como a Ortiz, Sanus, Campos y a dos exresponsables de Fomento, el exdirector de la Unidad de Carreteras en Alicante, Enrique Peiró, y el exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Criado.

El juez deberá ahora concretar el calendario de declaraciones de los imputados, que pospuso tras el escrito de nulidad planteado a comienzos del pasado mes de octubre. Hasta el momento, será necesario poner nueva fecha al interrogatorio de Enrique Ortiz, que estaba previsto para el 27 de octubre, así como el de Sanus y el de Campos, cuya cita se esperaba tan solo un día después del paso del dueño del Hércules CF por los juzgados del barrio de Benalúa. Peiró y Francisco Javier Criado debían declarar el 29 de octubre.

Declaración de Castedo

No obstante, con el incidente de nulidad resuelto, la fecha que todavía no se ha rebasado y que podría celebrarse es la de Sonia Castedo, cuyas explicaciones estaban previstas para el 27 de noviembre.

Mientras tanto, lo más probable es que todas estas cuestiones vayan a parar al tejado de la Audiencia Provincial para que resuelva los posibles recursos de apelación tras el varapalo del juez que investiga el asunto. Pese a ello, este paso procesal no bloquea la investigación, torpedeada con cada movimiento del juez prolongando la instrucción indefinidamente.

Por otro lado, el también juez decano del partido judicial de Alicante ha admitido la petición documental de Enrique Sanus de verificar la autorización judicial de diversas actuaciones policiales al juzgado oriolano. Una vez recibida, se citará a Javier Llorens, Rafael Ballester y José Luis Ortuño para su declaración como testigos antes de que lo hagan los imputados.

El instructor solicita a la UDEF si existen conversaciones sin autorización confirmadas por el secretario judicial. Además, queda por resolver la exoneración del exalcalde Luis Díaz Alperi y la de la presidenta de la Confederación del Júcar, María Ángeles Ureña, decisión polémica a la vista del informe policial y que ha sido recurrida por la Fiscalía Anticorrupción, Esquerra Unida y el PSOE. Los agentes completan el informe en el que se expone la presunta participación de los acusados con información relativa a la venta de suelo por parte de Enrique Ortiz.