Eva María Lahoz
Miércoles, 19 de noviembre 2014, 01:41
El grupo municipal de UPyD intentará en el próximo Pleno que el resto de representantes municipales aprueben una propuesta de configuración de la comisión de seguimiento de la contrata de la limpieza y tratamiento de residuos, para desbloquear su puesta en marcha.
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En el Pleno de julio, tanto UPyD como EU presentaron mociones para realizar un seguimiento del contrato de la limpieza y los criterios empleados por el Ayuntamiento para controlarlo. Se unificaron las propuestas y la idea salió adelante, con el voto a favor de todos los grupos, incluido el PP. Sin embargo, hasta ahora no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre la composición de la misma, lo que ha retrasado su puesta en marcha.
«Ha habido varios intentos de llegar a acuerdos pero parece que ningún grupo está interesado en que se realice este control tan necesario a la contrata», señaló ayer el portavoz de UPyD, Fernando Llopis.
Y es que el PP lanzó una propuesta de comisión que fue rechazada por EU y PSOE por entender que no debería estar presidida, de facto, por la alcaldesa, Sonia Castedo, por su presunta vinculación con uno de los empresarios que maneja la contrata, Enrique Ortiz. Pero el Reglamento Orgánico de Pleno establece que todas las comisiones deberán ser presididas por el alcalde, que puede delegar dicha responsabilidad en un concejal. El edil de Atención Urbana, Andrés Llorens, garantizó que sería él quien la presidiría, como delegado, aunque formalmente se aprobase que fuese la alcaldesa. Pero los otros dos grupos se negaron a aprobarlo de esa manera y el asunto quedó bloqueado.
UPyD denuncia que , mientras, «el servicio prestado no es el adecuado y las sanciones por incumplimiento del pliego son mínimas».
Por ello, insistirá en este asunto y llevara a Pleno una propuesta de composición de la comisión, que seguiría presidida por la alcaldesa (es obligatorio), aunque podría delegar la competencia. El secretario sería el Secretario General del Pleno o funcionario en quien delegue. Habría nueve miembros elegidos por los grupos municipales y se podría invitar a técnicos, a la UTE o a vecinos.
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