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Ricardo Fernández
Jueves, 27 de noviembre 2014, 02:02
El próximo martes, 2 de diciembre, el otrora todopoderoso director general de la CAM, Roberto López Abad, tiene una cita peliaguda en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
El magistrado Javier Gómez Bermúdez ha señalado para esa jornada la celebración de una vistilla, que le servirá para decidir si atiende a la petición del abogado que ejerce las acusaciones particular y popular, Diego de Ramón, quien reclama el ingreso provisional en prisión del exdirectivo de la entidad de crédito.
El letrado murciano estima que existen indicios suficientes en la investigación sobre las dietas retroactivas pagadas a quien fue presidente de la CAM, Modesto Crespo, como para considerar a López Abad autor del supuesto delito de administración desleal y cooperador necesario de otro delito de apropiación indebida. Tal y como señala en un escrito presentado esta semana al magistrado Gómez Bermúdez, estima que el ex director general utilizó las retribuciones a Modesto Crespo, y en concreto las dietas presuntamente ilegales, como una herramienta para conseguir que éste fuera «un colaborador obediente» que le permitiera «conseguir o alcanzar los objetivos delictivos imputados en la pieza principal 170/2011», que investiga el saqueo de la entidad.
Según los razonamientos de Diego de Ramón, López Abad habría buscado garantizarse el respaldo de Crespo avalando su nombramiento como presidente de la filial Tinser Cartera y la percepción retroactiva de unas dietas por importe de 300.000 euros.
Se aseguraba así, en palabras del acusador particular, «un colaborador obediente para la deseada planificación o manipulación» de las «actuaciones contrarias a la ley en la extinta CAM», de las que el director general «era el ideólogo».
«Es evidente -insiste el letrado De Ramón- que el ex director general conocía todo el planeamiento sistemático, ordenado, dirigido y ejecutado» y que actuaba «con la anuencia del presidente», que es quien «recibía las dietas». Y ello con la supuesta intención de «conseguir sus fines de estafa, manipulación del mercado, apropiación indebida y otros» supuestos actos ilícitos.
Después de las declaraciones prestadas en las últimas semanas por 19 exconsejeros de la CAM, el letrado considera que existían «dos bandos, de los cuales el mayoritario ha manifestado no conocer la asignación de las dietas (a Crespo), sino solo el nombramiento». Una versión que parece dar por buena De Ramón.
El abogado reclama por todo ello el ingreso en prisión preventiva de Roberto López Abad o, en caso contrario, que se fije para él una fianza en función de la cuantía de las dietas, que ascendieron a 300.000 euros.
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