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La alcaldesa, Sonia Castedo, inaugura el Belén municipal arropada por varios de sus concejales .

Castedo se siente «repudiada» pero «hoy por hoy» no piensa crear un partido

Asegura que no sabe si acabará la legislatura en su puesto y que no está de acuerdo con la línea roja de Fabra, pero la «acepta»

Eva María Lahoz

Martes, 2 de diciembre 2014, 01:11

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha cambiado definitivamente de estrategia. Del silencio y los intentos de evadir a los medios de comunicación que han sido la tónica general desde su segunda imputación, en el caso Rabasa, ha pasado en los últimos días a explayarse sin tapujos para tratar de mejorar su imagen.

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Si el viernes utilizaba el Pleno como plataforma desde la que defender su inocencia y quejarse por haber sido colocada como la «imagen de la corrupción» a nivel nacional, ayer lo hacía ante los medios de comunicación. Está claro que despierta un gran interés y nunca el zaguán del Ayuntamiento había estado tan repleto de periodistas en el acto de inauguración del Belén municipal. Un acto al que acudieron casi todos sus concejales pero en el que algunos de ellos, como Carlos Castillo y Luis Barcala, que han sonado como alcaldables, prefirieron mantener las distancias.

Tras la inauguración, la alcaldesa atendió a los medios y no eludió ninguna de las preguntas, aunque en alguna de sus respuestas se mostró ambigua o dio respuestas contradictorias. Una de las ideas que quiso dejar más clara fue, de nuevo, su queja por la imagen que se está dando de ella. «Me siento repudiada por todos», llegó a reconocer Castedo, tras ser preguntada por si se sentía así respecto a su partido, el PP.

No obstante, poco después aseguraba que las relaciones con su partido son «muy buenas, de respeto mutuo, pese a que la situación es difícil» y que no se sentía maltratada por sus compañeros. Respecto a las especulaciones acerca de la posible creación de su propio partido, Castedo, que hasta el momento había sido totalmente ambigua, en esta ocasión empezó por dejar claro que no lo va a hacer, aunque después matizó que esta es su postura «hoy por hoy» y añadió: «nunca digas de este agua no beberé».

La alcaldesa tiene claro que mayo es su fecha de caducidad al frente del Ayuntamiento alicantino, porque ha reconocido que, como le pide el partido, no va a ser la candidata. Aunque ello no significa que comparta la línea roja que ha impuesto el presidente Alberto Fabra. «No estoy de acuerdo, pero la acepto», dijo ayer. De lo que no está tan segura en estos momentos, o al menos así lo quiere dar a entender, es de si llegará al final de la legislatura en su puesto. «No lo sé, pero os enteraréis de las decisiones que tome o deje de tomar», señaló, al respecto.

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Los regalos, «normales»

La alcaldesa salió también al paso de las recientes declaraciones del empresario Enrique Ortiz, que está imputado en los casos PGOU y Rabasa como presunto beneficiario de los favores de Castedo en materia urbanística. En ellas, reconocía públicamente que hacer regalos a los políticos era hace unos años «lo habitual». Ayer, Castedo, coincidió con el empresario y dijo que eran regalos «normales» en su momento. «Eran perfectamente lógicos. Era algo normal», señaló, y agregó que «hace años que ya no se hacen».

Sobre su relación con Ortiz, Castedo volvió a defender que era la misma que con otros empresarios, aunque reconoció que en el viaje a Andorra con él fue personal porque dijo que «no se habló de trabajo».

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«No he hecho nada malo, no le he beneficiado», resaltó la alcaldesa alicantina, que aseguró que todo lo que Ortiz pedía en las conversaciones que se han hecho públicas y que forman parte de la instrucción de los casos en los que está imputada no se le concedió. «Está todo denegado. Lo dice el juez, nada de lo que pidió lo consiguió», destacó. Aún así, se mostró avergonzada del contenido de estas conversaciones con el empresario. No se arrepiente de ellas, dice, porque «no he hecho nada malo», pero sí le da pena «que me exprese así».

En todo momento defendió su inocencia e hizo hincapié en que no se le imputa ningún delito económico «por meter la mano en la caja». En el caso del presunto amaño del PGOU a favor de Ortiz está imputada por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias y por prevaricación y tráfico de influencias en el caso Rabasa, que investiga si hubo trato de favor al empresario para instalar en sus terrenos Ikea.

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Para la alcaldesa, sus imputaciones, son un «maldito derecho», dijo ayer, porque la han puesto en el punto de mira.

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