Llorens no dimitirá pese a la apertura de juicio oral por el 'caso Magallanes'

El vicealcalde de Alicante y concejal de Presidencia, Atención Urbana, Fiestas y Plaza de Toros, Andrés Llorens, afirmó ayer que «en ningún momento» se le ha pasado «por la cabeza dimitir» por la apertura de juicio oral en relación al caso 'Magallanes', ya que su caso es «administrativo» y no «un tema de corrupción». Llorens puntualizó que sigue estando «totalmente de acuerdo» con las líneas rojas marcadas por el presidente del PPCV, Alberto Fabra, «para temas de corrupción». La titular del juzgado de Instrucción 4 de Alicante, Cristina Ferrández, de abrir juicio oral contra él por un delito de prevaricación y otro de falsedad documental cometidos presuntamente en la adjudicación de la remodelación de la plaza Magallanes.

No obstante, subrayó: «No me considero vinculado a esa línea, porque lo mío no es un tema de corrupción, sino un tema administrativo». Así, argumentó que «en la única sentencia que ha habido hasta ahora por este tema, la juez dijo que en todo caso podía haber una falta administrativa. Pero como el PSPV no fue por el Contencioso-administrativo, sino por lo Penal, al ver que no había nada penal y lo archivó». En ese sentido, insistió en que «la corrupción está muy claramente delimitada, esto es un tema administrativo» y «por lo mismo» no se siente «vinculado a la línea roja que marca el partido». Llorens dijo que no le ha llamado «nadie» desde el PPCV y que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, le ha transmitido «ánimos» y «nada más».

El vicealcalde de Alicante afirmóque «ya era hora» de que saliera la resolución por la que se le abre juicio oral contra él por el caso 'Magallanes'. Llorens mostró «relativamente satisfecho» porque el auto permite «acortar plazos» para demostrar su «inocencia». Lamentó que «se haya demorado tanto» de manera «innecesaria» y «excesiva» que como provocado que el grupo 'popular' en el Ayuntamiento haya «tenido que sufrir esa dilación tanto en lo personal como en lo profesional».

«Creo que ha sido mucho tiempo de instrucción y decir que estoy muy tranquilo, con la conciencia muy tranquila por haber hecho lo que tenía que hacer, de que soy inocente y que cuanto antes lo pueda demostrar», afirmó. Así, esperaque el traslado del caso desde los juzgados de Benalúa a la Audiencia de Alicante permita celebrar el juicio «cuanto antes». Por último, Andrés Llorens reconoció que «los retrasos» en los tiempos judiciales han tenido «consecuencias» y le han «perjudicado».

Mientras, el PPCV abrirá expediente disciplinario a Andrés Llorens tras el anuncio de apertura de juicio oral, según confirmaron fuentes del partido, que no quisieron realizar más valoraciones sobre la situación de Llorens.

Petición de pena

El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, solicita para el también edil de Atención Urbana y de Fiestas una pena de tres años de prisión, nueve de inhabilitación para cargo público y una multa, al entender que adjudicó de forma ilegal el desarrollo de unas obras complementarias en la Plaza de Magallanes de Alicante que en realidad habían sido finalizadas unos meses antes.

En concreto, según sostiene la acusación pública, Llorens falsificó un acta de replanteo firmada el 16 de julio de 2009. Junto al vicealcalde alicantino, se sentarán en el banquillo de los acusados tres técnicos de su área que supuestamente colaboraron en la ilegalidad, que se enfrentan a tres años y medio de inhabilitación, y el entonces responsable de la mercantil adjudicataria de las obras, Coinger.

Entre los técnicos encausados figura el jefe técnico de la Concejalía de Atención Urbana en esa época, Víctor López, para quien el fiscal reclama además de la inhabilitación una pena de tres años de cárcel por los delitos antes enumerados.

En la causa está personada una acusación particular, que ejerce la ex portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante Carmen Sánchez Brufal, quien denunció ante Fiscalía los hechos y reclama ahora para Llorens una pena de cuatro años, seis meses y un día de cárcel, once años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación y otro continuado de falsedad en documento oficial.

Para el que fuera jefe de servicio de Atención Urbana, Víctor López, la exedil pide provisionalmente cuatro años de prisión, siete y medio de inhabilitación y la misma multa que para el vicealcalde, mientras que para los otros tres acusados reclama multas y penas que oscilan entre el año y medio y los cuatro años y medio de cárcel, además de inhabilitación.

Esta acusación particular -el Ayuntamiento de Alicante también figura en la causa con esta condición aunque en su día solicitó el sobreseimiento de las diligencias- sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que Llorens adjudicó las obras complementarias en la plaza en junio de 2009 pese a que éstas ya habían sido inauguradas y debían ser objeto de un nuevo contrato.

Informes

Asimismo, apunta a que en el procedimiento administrativo participaron varios técnicos que emitieron supuestamente «informes falseados» con el objetivo de «encubrir» los trabajos, los cuales ya «se habían adjudicado y realizado, total y absolutamente, al margen de cualquier procedimiento legal», señala el escrito.

La juez que ha instruido el caso llegó a archivar las diligencias en su día, pero la Audiencia Provincial de Alicante estimó el recurso de la Fiscalía y le ordenó reabrirlas. Ahora, la magistrada ha decretado la apertura de juicio oral y ha remitido las actuaciones a las defensas para que elaboren sus escritos de conclusiones provisionales. La vista deberá celebrarse ante un tribunal en la Audiencia Provincial.

Tras conocer la apertura de juicio oral contra Llorens, los partidos de la oposición reaccionaron pidieron la dimisión inmediata del edil.