Castedo declarará por los supuestos amaños en Rabasa el próximo 16 de enero

El instructor del caso abierto por el presunto 'pelotazo' con la futura instalación de Ikea y la construcción de más de 13.500 viviendas en el suelo de Rabasa retoma la ronda de declaraciones. Por el Palacio de Justicia de Alicante deberán desfilar, algunos por segunda vez, la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, del PP, el empresario presuntamente beneficiado por los tejemanejes municipales, Enrique Ortiz, así como el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y la jefa jurídica, Isabel Campos.

En una providencia remitida a las partes, el juez de Instrucción 6 de la capital alicantina, Juan Carlos Cerón, dispone el nuevo calendario de citaciones. Semanas atrás, el también decano del partido judicial de Alicante tuvo que posponer las declaraciones por un incidente de nulidad de las actuaciones, que parte de las escuchas intervenidas por la Policía, interpuesto por varias de las defensas de los encausados.

Con este escollo superado, Cerón recibirá a la regidora de Alicante el próximo 16 de enero a las 10.00 horas para que aclare si el Ayuntamiento obró en favor del empresario con el mayor número de contratas de la ciudad. Con estas últimas, Sonia Castedo acumula una retahíla de imputaciones por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias a cuenta del reparto del suelo de la ciudad de Alicante.

El escrito del instructor, facilitado por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dictamina que tras la regidora los funcionarios que más sospechas generan serán los siguientes en dar su versión. El gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, quien sin embargo carece de Gerencia que dirigir, deberá presentarse en el juzgado el próximo 29 de enero. Su declaración está prevista para las nueve y media de la mañana. Justo después de él, a las once y media, Cerón ha citado a Isabel Campos.

El informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Comisaría Provincial de Alicante achaca a los dos funcionarios conductas poco éticas con su actuación en la Gerencia de Urbanismo.

Según la Policía, Sanus se habría vendido supuestamente por unos cuantos abonos de aparcamiento del empresario Enrique Ortiz, una de las monedas de cambio que, como sostiene la Udef, empleaba el dueño del Hércules para ganarse el favor de trabajadores municipales. Finalmente, Enrique Ortiz, siempre en el centro de las investigaciones judiciales del urbanismo de Alicante, desfilará por el Palacio de Justicia solo un día después, el 30 de enero a las diez de la mañana.

Quienes se salvan de las imputaciones son el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, sobre quien el instructor no ve los suficientes indicios de delito como para mantenerle imputado, y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña. Para los investigadores el exdiputado del PP en Les Corts colaboró como conseguidor en las altas esferas políticas, algo que el titular de Instrucción 6 considera que no ha quedado acreditado.

Por ello, la Udef prosigue las pesquisas que corroboren el papel que se le presume al exalcalde, quien, como Castedo y Ortiz, deberá rendir cuentas por las presuntas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que investiga Instrucción 5 de la capital alicantina. Mientras tanto, en el limbo permanecen los dos responsables de Fomento, Emilio Peiró Miret y Francisco Javier Criado, para quienes la Abogacía del Estado ha pedido el sobreseimiento de las actuaciones.

Asimismo, Juan Carlos Cerón rechaza llamar como testigos a dos agentes de Policía, pues no participaron en los hechos, mientras que cita a dos testigos para el 9 de enero. Las partes tienen tres días desde la notificación de la resolución para interponer recurso de reforma a la providencia.

«Súbditos de su cortijo»

La oposición salía del Pleno celebrado ayer más indignada si cabía ante la noticia del calendario de declaraciones. El portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, cuya formación denuncio estos hechos, reiteró que la popular «va a hacer que la Alcaldía de Alicante se siente en el banquillo». El líder de la formación de izquierda se preguntaba sobre qué iba a hacer la alcaldesa con su futuro, de quien afirmó que trata a los ciudadanos «como si fuéramos los súbditos de su cortijo».

Desde el PSOE, su portavoz Miguel Ull lamentó que Castedo haya «hecho dejación absoluta de sus funciones» desde que se iniciara su periplo judicial y sostuvo que si decide no marcharse «prolonga la agonía en la cual se encuentra desde hace más de un año».

El portavoz de UPyD, Fernando Llopis, se sumó a las palabras del anterior y amplió a todo el grupo popular «el empecinamiento» de que Castedo no dimita. Una conducta que considera, a todas luces, «intolerable».