Acorralada por las imputaciones

Cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y uso de información privilegiada son los delitos, algunos por duplicado, que se le imputan a la alcaldesa renunciante y que aparecen en su currículum como un gran tachón. El sendero judicial le llegó a Sonia Castedo poco después de hacerse con el bastón de mando del Ayuntamiento de Alicante. La sombra de la sospecha, junto con los titulares en los que nunca ha faltado la palabra 'pelotazo', la alcanzó de la mano de las intervenciones telefónicas de la Policía, cuyos investigadores tenían bajo control el terminal del empresario Enrique Ortiz por las presuntas irregularidades con la contrata de basuras de Orihuela.

El 'caso Brugal' pronto se encalló en los neumáticos del bólido que era la carrera política de una ya alcaldesa bajo las siglas del PP. Si bien el hedor que esparció el empresario Ángel Fenoll destapando el asunto no salpicó de inicio a la capital alicantina, su nexo con el dueño del Hércules pronto la situaron en el foco de la Fiscalía Anticorrupción, así como al entonces primer edil y a su delfín, una flamante regidora de Urbanismo con aspiración a todo.

Cuando Castedo se coronó como regidora de la ciudad con la renuncia de Luis Díaz Alperi en septiembre de 2008, la maquinaria judicial ya trabajaba a pleno rendimiento para desenmarañar todo un entramado de presunta corrupción política que apunta directamente a la ya exalcaldesa, a su predecesor, a funcionarios municipales, al bufete de abogados de su hermano, José Luis Castedo, y al exedil socialista Javier Gutiérrez. Fruto de los 'pinchazos' telefónicos practicados desde 2007 se pudo observar a una regidora muy cercana al industrial.

Las pesquisas no solo revelaron supuestos intentos de soborno con la causa de la contrata de residuos de Orihuela, con la presunta implicación de Mónica Lorente y Joaquín Ripoll, como cabezas de cartel investigados en esa rama. Al parecer, y como revelan las comprometedoras escuchas entre Castedo, Ortiz y Alperi, el empresario habría recibido información ventajosa, gracias a sus buenas influencias, para sacar tajada con el Plan General de Ordenación Urbana, la conocida como pieza del PGOU que dejó los juzgados oriolanos para recalar en Instrucción 5 de Alicante.

El TSJ de la Comunitat asumió la investigación por la condición de aforados del PP en Les Corts hasta que devolvió el caso tras la renuncia de ambos al juzgado alicantino.

El titular de Instrucción 5, Manrique Tejada, aguarda poder completar la documentación del asunto antes de que las acusaciones hagan sus peticiones de condena de prisión y las multas y dejar apuntalado el caso antes de mandarlo a juicio. No obstante, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Alicante no solo recogió supuestas irregularidades con las adjudicaciones del PGOU.

Otra pieza separada acecha a similares protagonistas. En este caso, se añade la presunta implicación directa de cargos de la extinta Gerencia de Urbanismo al entramado corrupto, como se desprende de lo investigado hasta el momento del 'caso Rabasa'. Su instrucción ha resultado costosa, comenzando con su archivo una vez llegó al Juzgado de Instrucción 6 de la capital. EU denunció que los protagonistas habrían maquinado para obtener pingües beneficios con la edificación de 13.500 viviendas y permitiendo la llegada de la multinacional Ikea en el paraje de Las Lagunas.

La Audiencia Provincial ordenó en mayo de 2013 reabrir el asunto a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y, si todo sigue su curso, Sonia Castedo declarará como imputada el próximo 16 de enero. El 29 del mismo mes están citados Enrique Sanus e Isabel Campos, ambos de Urbanismo, y el día 30 deberá pasar por el juez Enrique Ortiz. Lejos de aclarar la presunta trama de corrupción, los imputados andan en la tarea de tumbar las actuaciones llevadas a cabo por la Policía y los juzgados. En multitud de ocasiones las defensas han tratado de anular las escuchas policiales, con escaso éxito hasta el momento. Sin embargo, esta opción se postula como la principal baza para obtener un buen puñado de posibles absoluciones llegado el caso de que se celebren juicios por ambos procesos.

Entre tanto, los casos han sufrido retrasos a consecuencia de la infinidad de recursos interpuestos casi a cada paso procesal dado por los instructores. Asimismo, la renuncia de Díaz Alperi y Castedo como diputados del PP en Les Corts favoreció que el 'Brugal' se dilatase algo más.