De jefa de prensa a jefa del Ayuntamiento

Sonia Castedo nació un día como ayer de 1970 en la localidad de Ribadeo, provincia de Lugo. A pesar de su origen gallego, desde niña reside en Alicante y, como otros muchos alicantinos nacidos en otros puntos de la geografía española, se integró e implicó rápidamente en las tradiciones locales. Estudió en el IES Figueras Pacheco y más tarde se licenció en Sociología por la Universidad de Alicante en la especialidad, precisamente, de Urbanismo. Con 21 años fue elegida Bellea de la Hoguera Princesa Mercedes. Dos años después se afilió a Nuevas Generaciones y en 1995, con Luis Díaz Alperi, accedió al gabinete de prensa del Ayuntamiento de Alicante.

A pesar de que su formación no estaba relacionada con el Periodismo, dos años después asumió las labores de jefa de prensa del Consistorio. Alperi fue en estos primeros años su gran valedor, hasta el punto de que en 1999, con solo 29 años, ella entró en la candidatura del PP que volvió a encabezar Díaz Alperi, y lo hizo como número 7, asegurándose su elección. Efectivamente, los populares renovaron victoria y Sonia Castedo salió elegida concejal, asumiendo la responsabilidad de Turismo y Playas, aunque durante semanas sonó su nombre como edil de Urbanismo. La confianza de Alperi en ella era tal que fue nombrada 'concejal de Medios de Comunicación', es decir, fue la encargada de comunicar a los periodistas los acuerdos de la Junta de Gobierno.

En las elecciones de 2003, a pesar de que la dirección del PP quiso renovar la candidatura, repitió en la lista de Alperi, subiendo tres puestos en el 'escalafón'. Como número 4, fue elegida y nombrada concejal de Urbanismo, además de segunda teniente de alcalde. Sonia Castedo ya estaba en la élite y avanzaba imparable como responsable de una de las áreas de mayor responsabilidad, sobre todo en una época en la que la construcción era el motor económico de la ciudad.

En el año 2004, cuando estalla la crisis interna en el PP entre campsistas y ripollistas, Sonia Castedo apuesta a caballo ganador y se alinea con el bando del presidente de la Generalitat, dando inicio a su hostil relación con el que ya era presidente de la Diputación Provincial.

Es en esta legislatura cuando sale adelante el Plan Rabasa, con ella como concejala de Urbanismo, presidenta del Patronato Municipal de la Vivienda y primer teniente de alcalde.

En las elecciones de 2007, imputada junto a Alperi por el caso de los aparcamientos -causa judicial que sería archivada- subió un peldaño más en la lista y Alperi la situó como número 3, pero en realidad era la número 2, ya que José Joaquín Ripoll, que fue quien ocupó ese puesto, dejó el Ayuntamiento para repetir como presidente de la Diputación. Alperi, elegido diputado autonómico en 2007, tenía previsto renunciar y así lo hizo en septiembre de 2008, lo que permitió a Castedo acceder a la Alcaldía tras la renuncia de Ripoll. A pesar del estallido del 'caso Brugal', que salpicó directamente al presidente de la Diputación y empezó a manchar el currículum de Castedo - a finales de 2010 la Fiscalía Anticorrupción ya le señalaba a ella y a Alperi por sus relaciones con Ortiz-, repitió como candidata a la Alcaldía en mayo de 2011. Camps, además, la incluyó también en la lista a Les Corts, con lo que adquirió la condición de aforada ante la Justicia. Alperi también repitió como diputado autonómico.

Los resultados del PP, inmerso ya en varios casos de presunta corrupción, fueron demoledores. En Alicante, Sonia Castedo consiguió un respaldo masivo y sumó 18 concejales para el PP, la cifra más alta nunca conseguida. Sin embargo, a partir de ese momento comenzó su auténtica pesadilla. Después de lograr apartar de la candidatura a su 'enemigo' Ripoll, defenestrado también de la Diputación y 'aparcado' en el Puerto, Castedo vio cómo las investigaciones de la Policía empezaron a implicarla cada vez más en asuntos de dudosa legalidad relacionados con la tramitación del PGOU y del Plan Rabasa.

El 1 de octubre de 2012 fue imputada, junto a Díaz Alperi, por el 'caso PGOU', por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada.

A partir de ese momento, Castedo fue relacionada con el constructor Enrique Ortiz por supuestas anomalías en el PGOU de Alicante y por el proyecto urbanístico de Rabasa, en cuyo terrenos se preveía la construcción de 13.500 viviendas y de una gran superficie comercial de la multinacional sueca Ikea.

Las escuchas telefónicas registradas en el marco de la investigación policial sobre este último asunto, el plan Rabasa (proyecto aprobado en 2005 por populares y socialistas), recogieron conversaciones entre Ortiz y representantes políticos (algunos de ellos no sólo del PP, sino también del PSPV-PSOE local), entre las que destacan las que mantuvieron el empresario y Castedo .

El contenido de esas conversaciones apuntaría a posibles indicios de una supuesta influencia ejercida por Ortiz sobre cargos públicos para impulsar resoluciones en materia de urbanismo favorables a él. Además de las imputación por el 'caso PGOU', Castedo está imputada en el 'caso Rabasa' por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Con el paso de los meses, la 'línea roja' de Alberto Fabra ha ido complicando su situación: el 2 de mayo de 2014 renunció al escaño en Les Corts «por motivos personales» con efectos desde el 30 de abril, cuando era investigada por el TSJ por las presuntas irregularidades del PGOU. Ahora, tras seis años al frente del consistorio, dimite como alcaldesa. El 16 de enero deberá declarar en el Palacio de Justicia de Alicante por el 'caso Rabasa'.