La Audiencia reprende al Catastro por propiciar una estafa inmobiliaria

Contaron con ayuda desde las mismas entrañas de la Gerencia Territorial del Catastro de Alicante y el descontrol imperante allá por el año 2000 no ayudó a cazar a los estafadores que se hicieron con tres parcelas de una urbanización de Xàbia sin ser sus titulares para poder venderlas luego. Después de más de 14 años de procedimiento, la Audiencia Provincial de Alicante solo ha podido condenar a un cómplice de los usurpadores de las tierras, el resto ha ido falleciendo, a la vez que ha absuelto al único funcionario sospechoso de haber participado en la trama, tal y como recoge el fallo al que ha tenido acceso este diario.

El compinche condenado, deberá pagar una multa de 3.240 euros por mentir ante el notario y deberá hacer frente a la indemnización de 60.101 euros para una de las firmas afectadas, además de los gastos notariales que ascienden a 10.488 euros. Por otro lado, el penado deberá abonar 42.888 euros.

Los hechos se remontan a julio del 2000, fechas en la que los dos principales cabecillas de la estafa urdieron un plan para apoderarse de tres parcelas en la urbanización Trencall, en la localidad de la Marina Alta. Todo se tramitó con, cuanto menos, curiosa celeridad. El día 3 de ese mes se presentó un recurso solicitando la modificación del suelo a nombre del cabecilla de la trama. Dos días después, el expediente pasa al Área Urbana y el 6 de julio Pedro M. ya cuenta con unos terrenos que nunca le pertenecieron.

Con el certificado catastral en sus manos, Pedro M. M. pudo acudir a un notario para que, junto con el condenado por cómplice, diese fe de su propiedad. A fin de sacar tajada en el mercado inmobiliario, el hombre fallecido transmitió las fincas a la empresa Gran Construcciones La Masía SL, de otro de los acusados, Manuel A., muerto también.

En el inicio del juicio, la Sala acordó el sobreseimiento de varios funcionarios y exoneró de responsabilidades al Estado como responsable civil subsidiario, amén del caos en el que los estafadores aprovecharon para registrar el suelo a nombre de uno de ellos sin ser cazados. Esta circunstancia le permitió a la trama transmitir el suelo a una empresa pantalla, que a su vez se las vendió a otras mercantiles. La mercantil de construcción llegó a vender una de las parcelas, cuyos nuevos propietarios, ilegítimamente sin saberlo, realizaron reformas.

«Flagrante falta de control»

Pese a que el Estado no deberá aportar un euro por estos hechos, el deja claro que el entramado obtuvo ayuda desde el Catastro, del que en el juicio quedó probada «la flagrante falta de control existente, organizativo y de acceso, respecto de la base de datos», como espeta el juez a en el primero de los fundamentos de derecho de la sentencia.

No obstante, las acusaciones lograron sentar en el banquillo a un exfuncionario de 73 años de edad, con 33 años de trabajo en el organismo estatal, acusado de ser la mano desde de dentro que permitió otorgar la licencia catastral. La Audiencia Provincial entiende que no hay motivos para imponerle una condena, por lo que lo absuelve, tal y como reclamó en la vista oral su defensa, el letrado penalista Aitor Esteban Gallastegui. De hecho, la Sala hace casi suyos algunos de los argumentos alegados por el abogado.

En la tramitación del expediente se emplearon dos usuarios, con la necesidad de su correspondiente clave, de dos empleados del Catastro. Tan solo el hombre de 73 años se enfrentó a una petición de 5 años de cárcel. El tribunal se extraña ante este hecho, pues «no se acaba de comprender muy bien por qué», relata el magistrado ponente, «en un caso se considera un indicio incriminador del suficiente peso» como para implicar al exonerado, mientras que en el caso de su compañera se archiva el asunto.

Las investigaciones practicadas por la Udyco y el resto de pruebas planteadas en el juicio llevan a la certeza de los magistrados de que alguien conchabado con los estafadores fallecidos les facilitó la licencia catastral, pero no que lo hiciese el patrocinado de Aitor Esteban Gallastegui. El hombre narró en la vista cómo recordaba que por sus manos pasó el expediente, del que le habían dicho que se produjeron irregularidades, pero nada más.

Por aquel entonces, los ayuntamientos e, incluso, empresas trabajaban directamente en las oficinas de la Gerencia del Catastro. Dicha circunstancia obligaba a los funcionarios a dejar abiertas sus sesiones de ordenadores para que pudiesen trabajar los llegados de fuera.

Meses después del primer golpe, Meses después, en diciembre de 2000, el presunto autor intelectual de la estafa trató de repetir la jugada con un solar en la urbanización Balcón de Jávea, pero el notario al que acudieron se olió la trampa.