EU presentará iniciativas al pleno para frenar el PGOU y el Plan Rabasa

El grupo municipal de EU en el Ayuntamiento de Alicante presentará varias iniciativas al pleno de enero sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el plan parcial de Rabasa que "se encuentran bajo sospecha judicial de corrupción por su presunto amaño en favor de los intereses del empresario Enrique Ortíz", así como sobre "los contratos municipales en manos del empresario".

En un comunicado, el portavoz del grupo, Miguel Ángel Pavón, ha explicado este lunes que "Sonia Castedo ya no está en el Ayuntamiento, pero los intereses urbanísticos y económicos de Enrique Ortíz, el presunto corruptor de 'Brugal', siguen estando en el consistorio".

"Vamos a pedir en el pleno por quinta vez en esta legislatura que se desista de tramitar tanto la aprobación definitiva de la obsoleta y presuntamente amañada revisión del Plan General de la ciudad como la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del macrocentro comercial con tienda de Ikea que promueve Enrique Ortíz sobre los terrenos del anulado e insostenible Plan Rabasa, cuyo presunto amaño también es objeto de investigación judicial en el marco del caso 'Brugal'", ha detallado el concejal.

Asimismo, ha adelantado que EU pedirá al pleno alicantino por segunda vez en esta legislatura que se aparte "de forma cautelar" al gerente "sin gerencia de la Concejalía de Urbanismo, Enrique Sanus, --su plaza como gerente debería haberse suprimido tras disolverse a finales de 2012 la Gerencia de Urbanismo--", y a la actual jefa del departamento jurídico-urbanístico de la Concejalía de Urbanismo, Isabel Campos, "por su imputación en la pieza de Brugal de Rabasa-Ikea, por la que declararán el próximo 29 de enero", ha señalado el edil.

Pavón ha añadido que su formación también elevará al pleno de enero "iniciativas para rescatar contratos actualmente en manos de Ortíz como el del Cementerio, un servicio que actualmente se presta irregularmente fuera de contrato, o el de limpieza de colegios y dependencias, que expira en junio de 2015 y que podría ser prorrogado dos años más por el PP antes de las elecciones municipales de mayo, algo que queremos evitar para que esa decisión quede en manos de la próxima corporación", ha destacado el edil.

Con estas medidas, Pavón ha asegurado que "el que será previsiblemente nuevo alcalde de Alicante durante cinco meses, Miquel Valor, y el PP 'postcastedo' tendrán que retratarse y marcar o no distancias con los proyectos urbanísticos y los contratos vinculados a los intereses de Enrique Ortíz que fueron impulsados o aprobados por Sonia Castedo".

Pleno de renuncia

Por otra parte, Miguel Ángel Pavón ha criticado que en la Junta de Portavoces celebrada este lunes para abordar la renuncia de Sonia Castedo, el alcalde en funciones, Andrés Llorens, y el concejal Antonio Ardid "se han negado en redondo" a que la oposición tenga la palabra en la sesión "aduciendo que Castedo no iba a intervenir y que por lo tanto no cabía intervención alguna".

Pavón, que ha tildado la actitud de Castedo como de 'espantà', ha dado a conocer el escrito de renuncia firmado por la exalcaldesa en el que argumenta "razones de índole personal" su salida.

A su entender, "la renuncia de Castedo bien se merece un análisis por parte de los grupos municipales en el pleno por todo lo que supone para la ciudad y el Ayuntamiento y que Llorens asuma la alcaldía accidental hasta el pleno del día 15 de elección de nuevo alcalde nos parece rechazable al suponer que a una alcaldesa doblemente imputada le sucede, aunque sea por diez días, un alcalde accidental procesado".

Desde EU se espera que "al menos se deje intervenir a todos los grupos municipales en el pleno de investidura del nuevo alcalde el próximo 15 de enero", una decisión que se conocerá tras la Junta de Portavoces del lunes 12.