Catalá aprovecha el estreno de la Audiencia para anunciar nuevas ofertas de empleo

La ocasión bien valía las galas que lucieron ayer los responsables de la judicatura alicantina. Después de su inauguración allá por el año 1967, la Audiencia Provincial de Alicante gozaba por primera vez de una nueva apariencia interior tras casi año y medio de reformas con sus trabajadores dentro. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, acompañaron al presidente de la sede, Vicente Magro, en una inauguración en la que pudieron posar con la tranquilidad de no verse abocados a una incómoda foto con la imputada Sonia Castedo, ya que renunció a su cargo de alcaldesa.

Allí, el ministro anunció su intención de acabar con la temporalidad en la Administración de Justicia y reveló que se adjudicarán nuevas ofertas de empleo público. Si bien la creación de plazas servirá para transformar a trabajadores interinos en fijos y contratar nuevo personal, Catalá no concretó el número puestos que aprobará el Gobierno. «No hemos cerrado todavía la cuantía ni con Hacienda ni con los sindicatos», informó.

Catalá recordó el último decreto por el que se amplió en 282 plazas la plantilla de jueces en toda España, 33 de ellos llegados a la Comunitat Valenciana. Sin embargo, dicha medida generó desde su anuncio el malestar de asociaciones judiciales y sindicatos, al considerar que lo único que se ha llevado a cabo es una regularización de magistrados que ya ejercían en distintos órganos judiciales.

El anuncio de plazas se coló en lo que para el magistrado Vicente Magro ha resultado ser una gran noticia para la provincia «después de años reivindicando la reforma», por lo que no faltaron al acto la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, así como los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros. Con los 3,5 millones de euros invertidos incluido el equipamiento, señaló Fabra, más los 20 millones de euros de la reforma del Palacio de Justicia del barrio de Benalúa, ya no serán necesarios los 44 millones necesarios para construir una Ciudad de la Justicia.

Hasta 750 metros cuadrados de superficie se han ganado con la renovación del edificio, a punto de cumplir medio siglo, y los espacios han quedado completamente diáfanos y visiblemente mejor aprovechados.

Al mismo tiempo, los recursos personales se implementarán a partir de enero con la llegada de nueve magistrados nuevos a las secciones. Sin embargo, ante la posible creación de una nueva sección en la Audiencia, pocas son las opciones para adjudicarle sala de vistas, salvo alguna de las minúsculas dedicadas a las secciones civiles.

Además, otros problemas siguen sin respuesta, como lamentó el delegado de Justicia en Alicante de UGT, Juan Pedro Pelegrín, quien admitió que la sede «ha quedado bien», pero a la vez añadió que «todo ese dinero ahorrado no se revertirá en la provincia, por lo que ya está bien de que Alicante sea el chivo expiatorio del gasto».

«Llegan jueces pero no funcionarios, por lo que es imposible sacar el trabajo», criticó Pelegrín, quien recordó que en las últimas semanas se han tenido que suspender juicios ante la situación de que cesan agentes judiciales y pasan siete días sin que se nombren a sustitutos.

En cuanto a la reforma, algunos problemas deberán resolverse, pese a que el edificio ya se haya inaugurado. Es el caso de los ventanales que se abren cuando el viento arrecia con fuerza, tal y como ocurre en algunas dependencias del inmueble, lo que ha quedado al descubierto estos días.

Asimismo, los vestuarios destinados a los agentes de la Guardia Civil que custodian el edificio y a los empleados de mantenimiento han quedado «impresentables», en opinión de Pelegrín, ya que se encuentran en una pequeña estancia del tejado del inmueble.