J. ANDREU
Sábado, 3 de enero 2015, 00:40
La dirección regional del PPCV solventó ayer por la tarde de un plumazo la polémica suscitada en torno a la ausencia de seis ediles del Pleno del pasado 22 de diciembre para no tener que votar la moción presentada por la concejal no adscrita Asunción Mayoral por la que esta reclamó que no haya imputados por corrupción en las listas electorales.
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La decisión del Comité de Derechos y Garantías fue tajante: acordó suspender de forma provisional a Pepa Ferrando de todos los cargos orgánicos que ocupa en el PP oriolano desde hace un año, lo que afecta a su papel como portavoz y también como presidenta de los populares de la localidad. Una decisión tomada después de que el presidente provincial del partido, José Císcar, pidiera a la ejecutiva regional la apertura del expediente disciplinario contra Ferrando y el resto de componentes del grupo popular que se fueron del Pleno. Llegó, paradójicamente, un año después de que el PP y CLR articularon la moción de censura contra el bipartito.
El órgano del PPCV nombró un instructor la semana pasada para valorar los hechos ocurridos tras el Pleno. En la reunión de ayer también se tomaron medidas disciplinarias contra los otros cinco ediles que se ausentaron de la votación: David Costa, Encarna Ortuño, Araceli Vilella, Víctor Bernabéu y José Antonio Aniorte, a los que se abrió un expediente.
En la práctica, la medida supone que Ferrando está fuera del partido. Fuentes populares aseguraron a este periódico que puede recurrir la decisión, pero apuntaron que no tendrá recorrido. La medida la tomó en persona el propio Alberto Fabra, que la transmitió al presidente del Comité de Garantías del PPCV, el viceportavoz del grupo popular en Les Corts, Alfredo Castelló.
A partir de ahora, la presidencia en funciones de los populares la asume el secretario general, Dámaso Aparicio, quien aseguró a este medio que estará «a lo que marcan los estatutos del PP y la dirección regiona». Las mismas fuentes afirmaron que la decisión se ha precipitado ante la gravedad de los hechos acontecidos el pasado día 22 de diciembre en el Pleno municipal. De hecho, la reunión del Comité de Derechos y Garantías del PPCV estaba prevista inicialmente para el 7 de enero, pero la gravedad de los hechos, entiende el partido, no permitía dejarla pasar más tiempo.
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Ferrando obvió las líneas rojas de Fabra, evitando votar la moción presentada por Asunción Mayoral. Algo parecido ocurrió en su día en Alicante, cuando ante una moción parecida de UPyD, todos los concejales, incluida Sonia Castedo, votaron contra la presencia de imputados en las candidaturas. No solo eso, sino que tras la sesión, Pepa Ferrando arremetió contra la dirección provincial que encabeza José Ciscar, a la que acusó de falta de ayuda, así como de coacciones y amenazas de la cúpula provincial de su partido. El presidente provincial siempre negó este punto.
Este diario intentó sin éxito conocer la postura de Ferrando sobre la supensión de militancia y de cargos sin lograrlo.
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