El juez del PGOU rechaza archivar la causa contra un directivo de la antigua Bancaja

El juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga las presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de esta ciudad, en una pieza separada del 'caso Brugal', ha rechazado archivar la causa contra uno de los imputados, el directivo de la antigua Bancaja José Cortina. El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, es la repuesta al recurso de reforma presentado con anterioridad por la defensa de Cortina contra la primera negativa del juez a sobreseer las diligencias con respecto a él y puede ser ahora apelado ante la Audiencia.

El juez se pronunció en su día a favor de exonerar al que fuera directivo de la extinta caja de ahorros, junto con otros imputados en la causa, por la que remitió el asunto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) al estar en aquel momento aforados dos investigados, los exalcaldes alicantinos por el PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

Ahora, en un auto fechado el 5 de enero, el instructor señala que su consideración inicial no puede «servir como fundamento decisivo e inalterable por parte del recurrente, ya que en absoluto lesiona derecho fundamental alguno ni resulta contrario a la seguridad jurídica» y recuerda que ya argumentó su cambio de criterio en la resolución anterior.

Respecto al argumento de Cortina de que las diligencias que quedan por practicar no le afectan, el magistrado explica que se encuentra a la espera de recibir «un informe de conclusión de los hechos investigados» por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional y, una vez analizado, ya decidirá sobre la situación personal del imputado.

Cortina ya prestó declaración como imputado ante el titular del juzgado de Instrucción 5 de Alicante en octubre de 2011, antes de que la causa fuera remitida al TSJCV por la condición de diputados autonómicos de Díaz Alperi y Castedo. En aquella ocasión admitió haber mantenido reuniones con ambos en el Ayuntamiento, pero las circunscribió a «actividades lícitas» derivadas de sus obligaciones como consejero de Bancaja Habitat SL.

La Fiscalía sostiene que Cortina pudo incurrir en un delito de aprovechamiento de información privilegiada tras asociarse con uno de los principales imputados en el caso PGOU, el constructor Enrique Ortiz, para comprar suelo en zonas protegidas y trasladar los aprovechamientos urbanísticos con que se verían compensados a otras áreas de la ciudad.