El juez toma declaración a los dos primeros testigos del 'caso Rabasa'

Dos testigos abrirán esta mañana ante el juez instructor la ronda de declaraciones de la rama del caso Brugal relativas a las supuestas irregularidades en el plan urbanístico del barrio de Rabasa, donde están imputados la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) y el constructor Enrique Ortiz, entre otros.

Los testigos que declararán a partir de las 09.30 horas ante el titular del juzgado de Instrucción número 6, Juan Carlos Cerón, son un abogado urbanista y un funcionario de la Concejalía de Urbanismo, ambos propuestos por la parte del imputado Enrique Sanus, gerente de Urbanismo de Alicante.

Después de estas declaraciones, la primera imputada en comparecer ante Cerón será Sonia Castedo, que está citada para el próximo día 16 a partir de las 10 horas, mientras que Enrique Sanus y la funcionaria de Urbanismo Isabel Campos lo harán el día 29. El día 30 será el turno de Enrique Ortiz, el empresario-constructor supuestamente beneficiado.

Es la segunda ocasión en que la ya exalcaldesa popular de Alicante, a quien se le atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, es citada por el caso Rabasa ya que inicialmente tenía que haberlo hecho el pasado 27 de noviembre. Sin embargo, en aquella ocasión el juez lo pospuso por un incidente de nulidad presentado por la representación legal de Ortiz.

A Castedo se le atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por su papel en un plan urbanístico que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados en una zona de expansión de la ciudad, en cuyo entorno está previsto una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea.

Después de un primer archivo del caso hace años, la investigación se reactivó a raíz de una denuncia presentada en 2012 por Esquerra Unida, y a los imputados se les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

La acción popular corre a cargo de los denunciantes, EU-IU, a los que posteriormente se adhirieron el PSPV-PSOE.

Además de esta rama, Castedo está imputada en otra pieza separada del caso Brugal relativa al supuesto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que lleva el juzgado de Instrucción número 5 y donde, al igual que en la anterior, la investigación apunta que pudo beneficiar al empresario Ortiz.

Esta doble imputación es la que finalmente llevó a Castedo a renunciar a la Alcaldía pese a que durante meses se resistió a acatar la 'línea roja' que trazó Fabra contra todos aquellos cargos públicos salpicados por casos de corrupción.

En esta rama también estaban imputados el predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi (PP), y la exsecretaria autonómica y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, aunque el juez decretó el pasado mes de octubre el archivo para ellos dos.