Unos 90.000 pisos de la provincia ya tienen el certificado energético

Unas 90.000 casas de la provincia ya disponen del preceptivo certificado energético, obligado desde junio de 2013 tras un Real Decreto que obliga a los propietarios de viviendas y locales a solicitarlo y abonarlo a un profesional. Tanto en los inmuebles nuevos como antiguos para poder venderlos o alquilarlos.

El dato del Ivace Energía, dependiente de la Conselleria de Economía, pone de relieve un buen cumplimiento de la directiva europea transpuesta parcialmente a la legislación española en un Real Decreto del año 2007 para la eficiencia energética en edificios de nueva construcción, un precepto que se amplió a todos los edificios, en el caso de alquilarse o venderse, a partir de junio de 2013.

Es la Conselleria, a través del Ivace, la que regula las bases para la certificación energética en todos los edificios públicos y privados de la Comunitat. Y la que vigila el cumplimiento estricto de los profesionales y técnicos «competentes cualificados», así como que la información contenido en los certificados sea «veraz», según explica a este diario el director general de la Energía de la Generalitat Valenciana, Antonio Cejalvo.

De las 90.000 viviendas que ya tiene censadas la Generalitat Valenciana (el coste medio del certificado levantó en su día críticas entre las asociaciones de usuarios al ver excesivo un documento que puede elevarse a 200 euros para poder alquilar o vender un piso) unas 4.400 corresponden al sector terciario (locales comerciales, hoteles y bares y restaurantes).

La Conselleria está en estos momentos tramitando el nuevo decreto autonómico de certificación energética de edificios (CEE), en el que se actualiza la legislación anterior incluyendo los edificios existentes, se crea un nuevo registro de técnicos competentes (los suelen ofrecer los APIs y los agentes de intermediación inmobiliaria en general, se vincula el certificado con los procesos de compraventa /notarios y registrados) y con el modo de inclusión del CEE en la información que el vendedor debe suministrar al comprador. Además, el nuevo decreto autonómico regula la renovación de certificados, desarrolla las distintas responsabilidades de cada uno de los agentes (promotores, técnicos e inmobiliarias) y también desarrolla las condiciones específicas de exhibición de la etiqueta para casos no contemplados de forma obligatoria.

La Conselleria descarta que se haya frenado la compraventa de viviendas en la Costa Blanca y la Comunitat desde la imposición de esta etiqueta desde hace año y medio. Este temor se expandió al inicio incluso entre la propia Generalitat.