La Audiencia tumba otro intento de Castedo para librarse del 'caso PGOU'

La Audiencia Provincial de Alicante desestima todas y cada una de las peticiones de la exalcaldesa Sonia Castedo por el 'caso PGOU', la rama alicantina nacida de la investigación de las presuntas irregularidades de las basuras en la Vega Baja, también conocida como 'Brugal'. La regidora del PP había reiterado al juez instructor, quien rechazó previamente las demandas, que le retirase la imputación por los presuntos amaños del Plan General de Ordenación Urbana de la capital alicantina a favor de Enrique Ortiz, que le concretase los delitos por las que se encontraba imputada y que diese celeridad al asunto.

La Sección Tercera de la sede provincial ha rechazado el recurso de apelación por las alegaciones de una Castedo empeñada en presentar extensos documentos sobre su inocencia que los tribunales de justicia tumban. En primer lugar, la defensa de la exregidora del Ayuntamiento de Alicante, ejercida por los letrados José María Asencio y Juan José Martínez Albert, presentó el escrito al instructor del caso, el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, Manrique Tejada.

Al juez le correspondió concluir el proceso antes de mandar la causa a juicio o cerrarla después de que Sonia Castedo y su predecesor, Luis Díaz Alperi, renunciaran a su acta de diputado en Les Corts, perdiendo así su calidad de aforados. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) devolvió entonces el caso a quien comenzó a instruirlo en la ciudad. Sin embargo, los magistrados del Alto Tribunal valenciano ya habían recibido de los letrados de Castedo escritos similares como el que Tejada y ahora la Audiencia han resuelto con idéntico resultado.

El auto, al que ha tenido acceso este diario, es claro y contundente, por lo que la Sala rechaza, de forma fundamentada, una a una las peticiones de la exedil. La magistrada ponente del fallo recalca la «insistencia» de Castedo en que se le concreten los delitos, pese a que el TSJCV ya le informó de que no era el momento procesal oportuno.

Pero por si acaso, la Audiencia recoge la declaración de la entonces alcaldesa de Alicante en la sede del Alto Tribunal en Valencia, que se prolongó durante tres días, donde el magistrado Juan Climent le comunica que se le va a preguntar sobre hechos que pueden incurrir en tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada. Todo ello, por conformar una presunta red corrupta en la que ya hay una veintena de imputados para sacar tajada con la reordenación del urbanismo de la ciudad, entre los que destaca el empresario Enrique Ortiz.

Sobre la celeridad de la investigación del caso, la Sala recuerda en su auto la complejidad del asunto, el cuantioso número de imputados, la necesidad de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), así como la actitud de Castedo.

La Sala recuerda las reiteradas peticiones de la defensa de la exregidora para plantear cuestiones que, según argumenta la magistrada ponente del auto, «ya han sido resueltas por resoluciones firmes dictadas a lo largo de la instrucción, algo que en nada ayuda a que el procedimiento se tramite con la celeridad que ahora demanda».

Sin embargo, la defensa de la imputada insiste en que el juzgado debe archivar la causa contra su patrocinada por entender que se vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Al respecto, la Sala fundamenta su decisión de rechazar la petición en que «no existe precepto alguno» que permita acordar el sobreseimiento del asunto «por el mero transcurso del tiempo» salvo en los casos de prescripción, lo que no ocurre.

Como colofón, el recurso de la exalcaldesa introducía un tercer motivo de impugnación en relación a la nulidad de las escuchas y de las diligencias practicadas desde 2008 por el juzgado de Orihuela que igualmente desestima la sede provincial.

Asimismo, la magistrada hace un repaso a los motivos por los que se niegan a archivar la causa contra Castedo. Trae a la memoria las reuniones a tres bandas con Ortiz y el redactor del PGOU, Jesús Quesada, recogidas en los pinchazos telefónicos de la Policía, los viajes a Andorra e Ibiza, la extraña procedencia del Mini que estaba a nombre de la niñera de la exregidora o los mensajes en los que la entonces edil de Urbanismo parecía pedir al industrial trabajo para buenos amigos.