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EFE
Jueves, 15 de enero 2015, 01:58
Miembros de la plataforma Stop Desahucios de Alicante cumplieron ayer diez días de acampada frente a la sede de una sucursal bancaria para exigir la condonación total de la deuda hipotecaria de Sonia y Paco, una pareja que ya dio la vivienda como pago pero a la que aún le reclaman 35.000 euros.
Esta pareja pagó su hipoteca durante cinco años hasta que ambos se quedaron en el paro. Él era pulidor y ella auxiliar de enfermería y no pudieron hacer frente a los gastos, según explicó la pareja. Añadieron que, tras ser desahuciados y entregar la casa como dación de pago, el banco procedió, y continúa hasta la fecha, a quitar parte de su pensión a los padres de Sonia, 160 euros mensuales, ya que figuran como avalistas en el contrato.
Este es uno de los primeros casos que abordó Stop Desahucios Alicante ya en 2011 y sus miembros han decidieron acampar en la citada sede bancaria desde la pasada noche de Reyes. Fruto de la protesta, la entidad ha ofrecido una condonación parcial de la deuda, pasando de los 110.000 euros que quedaban pendientes a los 35.000 reseñados antes. Para esta pareja, que tiene dos hijas de uno y siete años, esta cantidad sigue siendo excesiva, puesto que de ella se tendrían que hacerse cargo los padres de Sonia -avalistas- durante 12 años. Esta familia vive ahora mismo en una vivienda de alquiler social propiedad del propio banco -cuyo contrato expira el próximo año- pero subsisten de los padres de ella. Por ello, Sonia y Paco también solicitan que, al menos, se elimine la condición de avalistas de los padres. Tras diez días, tanto el matrimonio como los miembros de Stop Desahucios que les acompañan aseguraron que no piensan abandonar. La plataforma también recolecta firmas y acumulan alrededor de 5.500 recogidas en la calle y más de 1.450 en la plataforma online «change.org», según cifras de Stop Desahucios.
Por su parte, fuentes de la entidad bancaria señalaron que ya han solicitado a este matrimonio que certifiquen de forma oficial que los padres de Sonia se encuentran en riesgo de exclusión social para, así, replantear la situación y valorar su retirada como avalistas.
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