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DAVID SEVILLA
Sábado, 17 de enero 2015, 00:18
La alcaldesa de Elche , Mercedes Alonso (PP), anunció ayer que, en caso de que el Gobierno de España apruebe la subida del agua propuesta por parte de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, ésta será asumida por el propio consistorio a través de la empresa mixta Aigües d' Elx, con un 51% de participación municipal y un 49% por parte de Hidraqua, para «no repercutir en el bolsillo de los ciudadanos».
La regidora recordó que el agua «es un bien de primera necesidad» que, bajo su punto de vista, «no puede negarse a los ciudadanos». Es por eso que recordó que Aigües d'Elx pone a disposición de los ciudadanos un fondo social anualmente que asciende hasta los 200.000 euros para ayudar a aquellas familias que, debido a la situación económica, no puedan asumir el recibo del agua.
La alcaldesa culpó al PSOE de la subida del 7,33% propuesta por el Taibilla, ya que, según apuntó, «fueron los socialistas los que derogaron el Plan Hidrológico Nacional (PHN) hace seis años y construyeron desaladoras vendiendo que era la solución mágica al problema del agua».
Además, aprovechó la oportunidad para acusar a su adversario político en Elche, el candidato socialista Carlos González, de «ser partícipe de la subida del agua propuesta», ya que «la medida fue respaldada por los diputados del PSOE, entre ellos alguno que quiere ser alcalde de la ciudad», afirmó Alonso.
Zapatero
«Como saben ustedes, el Tajo es deficitario y los aportes hídricos han escaseado, consecuencia de la nefasta gestión de Zapatero», aseguró la primera edil, quien además afirmó sobre las desaladoras que «pertenecen a una política errática puesta en marcha por el anterior Gobierno de España».
Asimismo, del mismo modo que otros consistorios, el Ayuntamiento de Elche se posicionó en contra cuando el Taibilla propuso la medida, aunque, según Alonso, «se trata de una decisión vinculante y será el Gobierno de España el que decida finalmente la subida en el recibo del agua».
Se trata de una subida en el recibo que, según Alonso, supondría algo más de un euro en el recibo de los ciudadanos. Una cuantía «asumible» para las arcas municipales que, explicó la alcaldesa, «puede sufrir una variación si las condiciones propuestas y aprobadas por el Gobierno Central son otras».
Se trata de una medida que el vecino municipio de Crevillent ya anunció durante esta semana que adoptaría. No obstante, explicó el alcalde de la localidad, César Augusto Asencio, la corporación que salga elegida en los comicios de mayo será la encargada de decidir si mantiene o actualiza la tarifa de precios. Además, advirtió que la medida puede suponer un desequilibrio entre los capítulos de ingresos y gastos.
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