Castedo niega al juez que sea íntima de Ortiz a pesar de compartir viajes y cenas

Sonia Castedo reconoce haber compartido mesa y viajes de vacaciones con el empresario más poderoso de la ciudad e, incluso, que su marido ha trabajado como autónomo para una de sus muchas firmas. Sin embargo, la exalcaldesa de Alicante reitera que no mantiene una relación de amistad íntima con el constructor Enrique Ortiz ni, mucho menos, que le haya favorecido mientras ocupaba un puesto como responsable de Urbanismo de Alicante y tampoco en su etapa como alcaldesa. De hecho, ayer defendió en el juzgado, donde prestó declaración en calidad de imputada por el llamado 'caso Rabasa', la legalidad de todas las actuaciones relacionadas con su función pública, al tiempo que afirmó que conoce «a casi todos los empresarios de la ciudad de Alicante».

Así se lo dijo al juez Juan Carlos Cerón, quien investiga el presunto pelotazo vinculado a la llegada de la multinacional Ikea, la construcción de más de 13.000 viviendas y la implantación de un centro comercial en las Lagunas de Rabasa. Una entera Sonia Castedo aseguró que había «explicado todo» lo concerniente a la tramitación de este asunto al titular de Instrucción 6 de Alicante, juzgado que dirige las pesquisas para esclarecer la denuncia de Esquerra Unida que se desprende de las famosas y comprometedoras escuchas intervenidas por la Policía.

Castedo abrió ayer la ronda de declaraciones por el conocido como 'caso Rabasa', en el que se encuentra imputada por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Pese a las acusaciones a las que se enfrenta, la exedil entró «muy tranquila» al Palacio de Justicia de la capital aunque algo «nerviosa» por el elevado número periodistas. No obstante, las instalaciones judiciales del barrio de Benalúa no le son nada ajenas porque ya ha tenido que visitarlas con anterioridad por su presunta implicación en causas de corrupción.

En el Juzgado de Instrucción número 6 la aguardaba el instructor. Juan Carlos Cerón tenía preparados más de una treintena de bloques temáticos con preguntas en torno a los pasos dados desde el Consistorio para supuestamente allanar la adjudicación a Viviendas Sociales del Mediterráneo SL (Visomed), de Enrique Ortiz, y la instalación de la multinacional sueca del mueble. Las explicaciones aportadas por Castedo al magistrado se prolongaron durante 50 minutos, el mismo tiempo que le dedicó al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.

«He respondido a todas las preguntas del juez y del fiscal», indicó la imputada, aunque quiso aclarar que los hechos se centran en la tramitación del Plan Parcial, cuyo progreso bloqueó cautelarmente a finales de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Pese a ello, el Consistorio prosiguió con la aprobación del convenio con Visomed e Ikea para colocarse en las lagunas. Sin embargo, ella aclaró que dicho convenio tiene que ver con el «planeamiento» y no la tramitación, por lo que, bajo el amparo de las indicaciones de los técnicos, no se habrían incurrido en ningún hecho ilegal.

«Es más», la exregidora investigada añadió que los servicios jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo «hacen referencia a la suspensión cautelar del TSJCV» y, prosiguió Castedo a las puertas del juzgado, «dicen que aunque no impide el llevar adelante el convenio, éste sí quedará supeditado a la decisión final que adopte el TSJ, y la decisión, en julio de 2010, fue levantar la suspensión», como concretó.

Tan segura salió de su testimonio que a las puertas de los juzgados Castedo afirmó muy rotundamente no tener «nada que esconder» de su relación con Ortiz ni por la acusación de haberle beneficiado. Según obra en la documentación elaborada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, parece, sin embargo, que cada paso dado desde el Ayuntamiento, concretamente del entorno de la entonces edil de Urbanismo, iba encaminado a permitir al dueño del Hércules ganar más dinero con la operación de venta de suelo. Así, resulta que el industrial pasó de tener la perspectiva de ganar unos 30 millones de euros vendiendo parcelas para instalar Ikea a casi cien millones.

De diferente opinión a las manifestaciones hechas por Castedo resultaron las conclusiones a las que llegaron las acusaciones populares, ejercidas por la formación Esquerra Unida y el PSPV-PSOE, representadas por los letrados José Luis Romero y José Antonio Díaz. La exalcaldesa adoptó la misma postura de otras ocasiones y se negó a responder a las preguntas de ambos abogados.

Según indicó Romero frente al Palacio de Justicia, la suspensión de una licencia de ejecución, como en el caso del Plan Rabasa, «afecta a todo lo que se refiere al acto o a la disposición general, es decir, no se puede hacer nada con esa licencia». Además, pese a que el TSJCV levantó la suspensión de la tramitación del plan en 2010, tres años después el Alto Tribunal valenciano lo tumbó por la vía administrativa en hasta cuatro ocasiones por distintos incumplimientos.

Por otro lado, la investigación no se encamina solo sobre esos hechos, pues antes de que el Alto Tribunal paralizase el plan los contactos para ponerlo en marcha ya se habían iniciado. Es por ello que las cuestiones no se han acotado desde diciembre de 2009. Casi una año antes, en octubre de 2008, Castedo, como edil de Urbanismo, viajó a Oporto junto con el alcalde por aquel entonces, Luis Díaz Alperi, y el industrial Enrique Ortiz para ver de primera mano las instalaciones de Ikea.

Sobre el periplo luso también fue preguntada Sonia Castedo, quien alegó que se trataba de un viaje oficial pagado con su dinero. El letrado de EU recalcó lo «absurdo» de que la exalcaldesa haya calificado como «oficial» el desplazamiento y que al mismo tiempo ese desplazamiento lo hubiesen pagado de su propio bolsillo los participantes.

El amplio informe elaborado por los investigadores policiales recoge también reuniones al parecer secretas, pues los protagonistas, la exregidora y el constructor parecen no querer verse a plena luz del día con luces y taquígrafos. Castedo se defendió alegando no tener que estar siempre expuesta al público y de ahí que se citara con el industrial por la tarde y con la máxima discreción posible.

Los próximos en dar sus explicaciones al juez serán el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y la técnico Isabel Campos García el próximo 29 de enero. El influyente empresario alicantino y presunto corruptor, Enrique Ortiz, desfilará por el juzgado tan solo un día después. Su abogado, el letrado Francisco Ruiz Marco, se interesó por si su patrocinado había hecho fuerza para sacar tajada del plan, algo que, obviamente, negó.