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La oposición cree «electoralista» el anuncio de inversiones

Los grupos consideran que el Gobierno central ofrece un «crédito ciego» ya que no se conocen las condiciones del mismo a partir de 2016

Eva María Lahoz

Sábado, 17 de enero 2015, 00:18

La comisión de Hacienda debatió ayer las dos propuestas que se aprobarán en el Pleno extraordinario del próximo lunes, relativas a la solicitud de un crédito de 11,2 millones de euros dentro del Fondo de Impulso del Ministerio de Hacienda, para ejecutar ocho grandes obras en la ciudad, y la bajada de un 11% del IBI para contrarrestar la subida de un 10% que llevará a cabo el Gobierno central.

En el caso de la bajada del IBI, el acuerdo fue casi unánime, pero no fue así en lo que respecta a la financiación de los nuevos proyectos. La oposición calificó de «crédito a ciegas» y de «electoralismo» el plan presentado por el Gobierno central para facilitar las inversiones a los ayuntamientos en 2015 y el anuncio de los proyectos que se pretenden ejecutar con cargo al mismo en el Pleno de investidura de Miguel Valor como alcalde.

El concejal de Hacienda, Juan Seva, explicó que se trata de un préstamo ICO que durante el primer año no tendrá coste para el Ayuntamiento. No obstante, a partir del segundo, en 2016, la financiación se aportará en los términos que determine la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Desde el grupo municipal del PSPV, Miquel Ull consideró que se trata de un préstamo «ambiguo» porque «se conoce muy poco de él». El portavoz socialista señaló que no están en contra de la realización de esos proyectos, aunque considera que el préstamo «va a incidir en un mayor endeudamiento de los ciudadanos de Alicante». Además, reiteró que «va a hipotecar gobiernos venideros» locales porque «no conocemos nada del crédito sobre cómo se va a pagar».

Por su parte, desde EU, Miguel Ángel Pavón, denunció que se trata de «cuestiones que el PP quiere aprovechar electoralmente» y advirtió de que «las obras no estarán en marcha antes de las elecciones».

El grupo está de acuerdo con algunos de los proyectos, pero no con otros. Están en contra de la torre de telecomunicaciones «por la ubicación donde se sitúa, en el Monte Tossal, en el entorno de protección del Castillo de San Fernando, un Bien de Interés Cultural».

Finalmente, desde UPyD, Fernando Llopis recalcó que «preocupan las condiciones en las que acude el Ayuntamiento de Alicante al Fondo de Impulso Económico, ya que hay un año de carencia de pago de intereses pero no se han fijado las condiciones de los próximos años».

El concejal subrayó que ha habido «toda una legislatura» para trabajar «en proyectos para que cuando exista financiación se puedan llevar a cabo, el PP prefiere ir a salto de mata. Cuando no hay dinero es el momento de desarrollarlos que hay tiempo».

Llopis añadió que «de los ocho proyectos seis son ideas que ha planteado UPyD, reformas de edificios municipales para albergar oficinas y así reducir alquileres, el paseo de Urbanova, la rehabilitación de la cubierta del Ayuntamiento, arreglos en el Castillo San Fernando, rehabilitación de la antigua estación de autobuses y la Plaza del Puente y su entorno».

Respecto a la rebaja del IBI, todos votaron a favor excepto el PSOE, que se abstuvo, según manifestó después la Concejalía de Hacienda. No obstante, desde EU destacaron después que, pese a que ahora se rebaja un 1% la presión impositiva, lo cierto es que en toda la legislatura se ha incrementado un 9% el IBI y presentarán alegaciones.

Convenio con el Obispado

Por otro lado, en la Junta de Portavoces para el Pleno extraordinario del lunes, la portavoz del PP, Marta García-Romeu, avanzó que para la sesión ordinaria del mes de enero el equipo de gobierno prevé llevar un convenio con el Obispado para que el Ayuntamiento se quede el edificio del antiguo asilo de Benalúa y lo permute por algunos terrenos.

Según avanzó la portavoz popular, están avanzadas las negociaciones para hacerse con este edificio histórico de la ciudad, que el Obispado cerró hace años.

El objetivo inicial era demolerlo y vender los terrenos, que son dotacionales pero en el Plan General de Ordenación Urbana en trámite se liberaban para su ocupación con viviendas.

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