El juez imputa al jefe de servicio de Urbanismo de Alicante por 'Rabasa'

El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, ha imputado al jefe de servicio de la Concejalía de Urbanismo de esta ciudad, José Luis Ortuño, en la causa que investiga supuestas irregularidades en el Plan Rabasa y la instalación de una tienda de Ikea, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Ortuño debía prestar declaración en calidad de testigo en esta pieza separada del 'caso Brugal' el pasado día 9, pero la comparecencia fue aplazada después de que el fiscal Anticorrupción de la provincia, Felipe Briones, solicitara su imputación en el procedimiento. El funcionario será interrogado el próximo 6 de febrero como imputado.

El Ministerio Público consideraba que el jefe de servicio de Urbanismo pudo incurrir en los mismos delitos por los que el magistrado Cerón tomó declaración el pasado viernes a la exalcaldesa alicantina Sonia Castedo, al dar el visto bueno a la legalidad de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitía la instalación de Ikea en el sector de las Lagunas de Rabasa.

Un informe aportado al juzgado constata que el Pleno del Ayuntamiento aprobó someter a exposición pública el 29 de enero de 2010 el convenio entre el Consistorio y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo SL e Ikea Ibérica SAU con esa finalidad pese a que la ejecución del plan parcial donde se encuadraba estaba suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desde el mes de diciembre anterior.

En su auto sobre el técnico, fechado este lunes y al que ha tenido acceso 'Europa Press', el magistrado acepta la petición de la Fiscalía y acuerda citar a Ortuño para el próximo 6 de febrero, al entender que su actuación podría ser constitutiva de delitos de tráfico de influencias y prevaricación, «del que podría llegar a responder en grado de autor material o cooperador necesario».

El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Alicante recuerda en la resolución que la propuesta de exposición pública del convenio con Ikea contenía una «cláusula que tiene en cuenta las medidas suspensivas» del auto del TSJ, pero «posibilita seguir en contra de lo resuelto por el TSJ».

Concretamente, el informe sobre el caso elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) expone que dicha cláusula «se pudo acordar en una reunión el día 21 de diciembre en la que estaría presente José Luis Ortuño y que habría dejado su aprobación definitiva a que lo autorizara Sonia Castedo», añade el juez.

Además de la exalcaldesa y del técnico, en esta investigación están imputados el empresario Enrique Ortiz; el gerente de la Concejalía de Urbanismo Enrique Sanus; y la jefa del servicio jurídico de esta área, Isabel Campos. Estos tres últimos prestarán declaración ante el juez Cerón entre los días 29 y 30 de este mes de enero.