EU pide responsabilidad patrimonial a los ediles de la licencia de Torre Placia

El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado el proceso de expropiación forzosa de 11 viviendas que invaden el entorno protegido del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Torre Placia, un proceso que salió ayer a exposición pública mediante su publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. Lo hace en cumplimiento de una sentencia que obliga a demoler estas viviendas por haberse construido en zona protegida. Una expropiación que costará al Ayuntamiento cerca de tres millones de euros en indemnizaciones.

Ante esta situación, el grupo municipal de EU anunció que presentará un escrito en el que reclamará responsabilidad patrimonial a los cinco concejales del PP que en el año 2000 aprobaron la licencia para construir las viviendas.

«¿Por qué tiene que pagar toda la ciudadanía la factura de la incompetencia de los concejales del PP que hace más de 14 años, el 15 de noviembre de 2000, aprobaron en comisión de gobierno la licencia para un complejo residencial que invadía el entorno de protección del BIC de la Torre Placia?», se pregunta el portavoz, Miguel Ángel Pavón. «Que la paguen de su bolsillo y de su patrimonio la entonces alcaldesa en funciones, María Teresa Revenga, y los entonces concejales de Cultura, Urbanismo, Educación y Fiestas, Pedro Romero, José Luis Pamblanco, Carlos Alcalde y Andrés Llorens», reclama.

Llorens es el único concejal que se mantiene en el actual equipo de gobierno de los cinco concejales que asistieron a la comisión de gobierno en la que se aprobó conceder licencia de obra mayor y apertura a la cooperativa Azalea para construir 40 viviendas en el Plan Parcial de La Condomina.

Demolición por sentencia

Más de una decena de esas 40 viviendas tienen ahora que demolerse por una sentencia firme. «El equipo de gobierno del PP ha intentado demorar la ejecución con la artimaña de plantear el traslado de la torre, un verdadero despropósito en materia de protección del patrimonio que rechazamos frontalmente desde EU», explicó Pavón. Pero finalmente el PP no ha tenido más remedio que iniciar los expedientes de demolición y de expropiación que inevitablemente conllevan la ejecución de la sentencia.

A su juicio, en ese expediente de expropiación, que puede superar los tres millones de euros, debe contemplarse la exigencia de responsabilidad patrimonial a los cinco concejales que aprobaron la licencia que la justicia ha declarado ilegal.

El expediente de la licencia incluyó cuatro informes favorables - de Disciplina Urbanística, de Obras y Proyectos, del Speis y de Obras Particulares - pero ninguno de los servicios municipales de Cultura, pese a que el entonces concejal del ramo, Pedro Romero, participó en la comisión de gobierno.

«Y qué decir del inepto concejal de Urbanismo de aquellos años, José Luis Pamblanco, cuya área dio el visto bueno a través de Disciplina Urbanística obviando que la Torre Placia fue declarada BIC por el Ministerio de Cultura en 1997 incluyendo el entorno de protección vulnerado con la concesión de la licencia», concluye Pavón.