El PSOE pide apartar a técnicos y ediles imputados por corrupción

El grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante elevará al pleno de este mes, que se celebrará el próximo día 28, una iniciativa para modificar el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para que se «aparte de sus funciones» a los concejales o funcionarios «imputados en casos de corrupción».

Ello implicaría, en estos momentos, que se apartase de sus funciones a los técnicos de Urbanismo Enrique Sanus (aunque se va a jubilar), Isabel Campos y José Luis Ortuño, imputados en el caso Rabasa.

Los socialistas lamentaron ayer que el Partido Popular «no haya movido un solo dedo» para acabar con la corrupción en Alicante y «haya permitido que los presuntos corruptos siguieran manejando durante años el dinero de los alicantinos a su antojo».

Por ello, «para evitar este tipo de situaciones» presentarán una iniciativa plenaria con el objetivo de modificar el ROP para que los ediles y funcionarios imputados por casos de corrupción (artículos 404 al 444 del Código Penal) se les aparte de sus funciones y se les impida seguir manejando el dinero de todos hasta que se aclare su situación judicial.

El portavoz de la Comisión Ejecutiva municipal, Lalo Díez, tildó de «despropósito» que el edil de Atención Urbana, Andrés Llorens, «siga manejando el dinero de todos cuando se le acusa de dos importantes delitos que demuestran la forma de actuar del PP en esta ciudad».

Con esta medida, defienden, sería imposible que un imputado siga al frente de su área mientras se aclara su situación judicial. Una medida que serviría también para técnicos imputados, como ahora lo ha sido José Luis Ortuño en el caso Rabasa.

«Si permitimos que un concejal actúe al margen de la Ley, en connivencia con algunos técnicos, y que haga lo que le dé la gana, nos convertimos en una república bananera, prácticamente lo que ya es este Ayuntamiento», zanjó Díez.

En noviembre, el alcaldable socialista, Gabriel Echávarri, anunciaba que si gobierna la ciudad incluirá en el ROP que los imputados por delitos de corrupción sean apartados de sus competencias y se queden sin sueldo. «Debería dimitir pero, si no lo hace, debemos tener mecanismos para que no pueda seguir gestionando dinero público», explicaba Echávarri. «Dado que no se puede retirar el acta de concejal sí podemos vaciar de contenido sus funciones, retirándole las competencias y el sueldo», añadía entonces. Ahora quieren forzar al Pleno a que se pronuncie al respecto.

Comisión de convivencia

Por otro lado, el grupo socialista anunció ayer que presentará otra moción al Pleno para pedir la creación de una comisión que establezca un plan de actuación municipal para resolver los problemas de convivencia ciudadana surgidos en el Casco Antiguo los fines de semana.

Los socialistas pretenden con esta iniciativa que se establezcan los medios de vigilancia y limpieza necesarios en los horarios de mayor conflictividad, para que se haga efectivo el cumplimiento de la ordenanza municipal sobre el consumo de alcohol en la vía pública.