EU forzará a Valor a pronunciarse sobre la suspensión de la ATE de Ikea

El Pleno ordinario del mes de enero estará cargado de referencias a los procesos urbanísticos que han obligado a dimitir a la exalcaldesa, Sonia Castedo, tras sus imputaciones en los casos Pgou y Rabasa.

Desde UPyD ya anunciaron que pedirán la paralización y revisión del Plan General y ayer el grupo de EU aportaba más información sobre una de sus propuestas, que también había avanzado con anterioridad, en la que pedirá la suspensión de la tramitación por parte del Consell de la Actuación Territorial Estratégica de Ikea. Un proyecto liderado por el empresario Enrique Ortiz, promotor del plan Rabasa que se investiga en los tribunales.

Se trata de una declaración institucional en la que, además de la suspensión, plantean que la llegada de Ikea a la ciudad tenga tres condiciones: que se desligue de nuevas grandes superficies comerciales, que se sitúe fuera del ámbito del Plan Rabasa y que concite el apoyo del sector provincial del mueble y de otros sectores de la provincia cuyos productos comercializa Ikea.

Unas ideas que la diputada Esther López también llevará a Les Corts con una proposición no de ley.

Las iniciativas de EU también plantean que el espacio de interés natural de la zona húmeda de las lagunas de Rabasa se incluya en el catálogo valenciano de zonas húmedas delimitándose en su entorno un perímetro de protección que excluya cualquier actuación urbanizadora, como la que pretende llevarse a cabo mediante la ATE.

La propuesta municipal incluye también apartar a los técnicos de Urbanismo que están imputados en el caso, Enrique Sanus, Isabel Campos y José Luis Ortuño.

«El alcalde tendrá que retratarse en el pleno del día 28 dando continuidad a la etapa de la exalcaldesa o desmarcándose de un proyecto que Castedo hizo suyo y por el que está imputada», señaló Pavón.