Llorens justifica no prorrogar la contrata a Ortiz debido a que las condiciones «han variado»

El concejal de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens, ha argumentado este lunes que el rechazo a prorrogar por dos años más el contrato de limpieza de centros escolares y dependencias municipales con la empresa Enrique Ortiz e Hijos se debe a que las condiciones "han variado" en materia de costes y por la variación del número de edificaciones afectadas.

La medida será aprobada ahora por la Junta de Gobierno del próximo martes, según han detallado fuentes municipales. La empresa es propiedad del empresario Enrique Ortiz que está imputado por el caso 'Brugal' junto a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo.

A preguntas de los medios durante la visita junto al alcalde Miquel Valor a la finalización de las obras de remodelación del pavimento de la Explanada de España, Llorens ha indicado que la no renovación --el contrato finaliza en junio tras dos años y existía la posibilidad prorrogarlo por dos años más--, ha estado motivada porque "los técnicos vieron dos cuestiones que eran importantes y que nosotros asumimos como importantes de acometer al finalizar la primera fase del contrato, que podían variarlo".

En ese sentido, ha detallado que se trata, por una parte, de que "las condiciones del número de edificios y dependencias que figuran en la licitación anterior han variado notablemente" ya que "hay muchos edificios que ya no están y otros nuevos, algunos muy grandes, que se incorporan a la tutela del Ayuntamiento".

Y, como segundo aspecto, Andrés Llorens ha indicado que "las condiciones del mercado, desde cuando se empezó la tramitación del pliego anterior, hace más de tres años, eran muy distintas a las que en estos momentos, según criterio de los técnicos hay, y entendemos que se puede, después de la licitación que ahora se hará, obtener unos beneficios para las arcas municipales mayores que los habían en el anterior contrato".

Precio inferior

Llorens ha rechazado que la variación responda a que la contrata es muy cara --los dos próximos años costaría casi 18 millones de euros--, sino que ha incidido en se debe a que "hay edificios que no están". No obstante, el jefe del Servicio de Atención Urbana, Javier Maestre, ha explicado que "probablemente saldrá a licitación por un precio inferior".

"La experiencia que tenemos en las últimas adjudicaciones, en contratos de servicios, las bajas entendemos que van a poder ser más sustanciales", ha considerado Maestre. "Esa es una de las razones por las que se ha considerado por parte del equipo de Gobierno que se debería no acceder a la prórroga solicitada por la empresa", ha continuado el técnico.

Asimismo, ha manifestado que la limpieza de espacios como la antigua sede de la Cámara de Comercio, alquilada como dependencias municipales, o la nueva estación de bomberos "no se están pagando como servicios extraordinarios porque es verdad que a la par que se incorporaban unos edificios se daban de baja otros".

Maestre ha añadido que "no parecía sensato tener un contrato desactualizado", aunque el contrato tenía una cláusula por la que "hasta un cierto número de edificaciones, la empresa se comprometía a mantenerlos" y "el coste es el que es".

No al rescate

Andrés Llorens ha afirmado que el equipo de Gobierno no ha contemplado la posibilidad de rescatar el servicio de limpieza porque "a parte de que sería un proceso largo, la contrata tiene más de 200 trabajadores y habría que estudiar muy seriamente con recursos humanos la funcionarización".

"En caso de subrogar los trabajadores tendrían que ser funcionarios municipales y eso requeriría un estudio, a parte de que no llegaríamos de aquí a junio de tenerlo cerrado", ha seguido el concejal. Así, "solo estamos pensando en la licitación de este nuevo concurso que suponga unas condiciones más ventajosas para las arcas municipales y la actualización de todos los edificios y dependencias".

Maestre ha argumentado por ello que el "precio tendrá más peso" en la nueva licitación, aunque desde la Concejalía no se ha podido concretar en qué porcentaje se producirá una rebaja sobre el coste actual del contrato.