El primer juicio por el 'caso CAM' se reanuda con los interrogatorios a López Abad y Avilés

El tribunal de la Sección Cuarta presidido por la juez Teresa Palacios interroga hoy, tras dedicar la primera sesión de la semana pasada a resolver cuestiones previas del juicio, a dos directivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), su ex director general Roberto López Abad y al expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por supuestas irregularidades en el cobro de dietas y la concesión de créditos de 18,9 millones a este último.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 90.000 euros para López Abad, director general de la entidad desde 2001 hasta su nacionalización en 2011, por apropiación indebida o, alternativamente, tres años de prisión por un delito societario continuado. Para Avilés pide dos años y medio de prisión por un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.

También pide que el Banco Sabadell, que adquirió la caja por el precio simbólico de un euro, reciba una indemnización de 1.494.029 euros que tendrán que abonar de forma solidaria López Abad, Avilés y otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones.

Un «burdo instrumento»

Esta sociedad, participada al cien por cien por la CAM, se creó, según la Fiscalía, para que los directivos pudieran cobrar dietas irregulares, que oscilaron entre los 9.000 y los 308.700 euros que se asignó Avilés. Por su parte, la CAM solicita, a través del FROB, una pena de seis años para López Abad y de diez para Avilés, además de la imposición de sendas multas de 146.000 euros y el pago de una indemnización de 5 millones que se destinaría al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

El representante del Ministerio Público destaca en su escrito provisional de acusación que, a partir de 2005, López Abad «buscó la fórmula para superar límites retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos». Entre las maniobras que llevó a cabo con la intención de «cercenar los límites económicos establecidos por los estatutos de la caja», López Abad creó la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que debía funcionar como comisión de control de todas las empresas participadas por la caja.

En opinión de la Fiscalía, este órgano fue «un mero y burdo instrumento» ideado por López Abad para permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM «cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho».