El PSPV insta a aprobar una ley contra la pobreza energética

Cerca de 130.000 alicantinos no pueden hacer frente al gasto energético en invierno, según han calculado este martes desde el grupo socialista en la Diputación, que califican la situación de "emergencia social". Por ello, según han anunciado, el grupo ha elevado al pleno de la institución una moción para instar al ejecutivo central a aprobar una ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.

Según han puntualizado los socialistas este martes, la pobreza energética se ha convertido en la consecuencia "más de la grave crisis social y económica que estamos padeciendo" y ha provocado que "muchas familias sean incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas" o que "se ven obligadas a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas".

El portavoz del grupo en la Diputación, David Cerdán, ha explicado que "en la provincia de Alicante hay más de 130.000 personas que no pueden hacer frente al gasto de luz o gas, una situación que se agrava durante el invierno y que lleva a estas familias, en su mayoría con niños, a no poder encender la calefacción en los días más fríos o incluso a no poder cocinar".

Frente a este "grave problema", Cerdán considera "vergonzoso que miremos para otro lado" por lo que cree necesario "adoptar medidas que remedien una situación dramática de muchas familias que impide el desarrollo de una vida digna y especialmente en aquellas personas con factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos".

Normativa europea

Desde el grupo socialista se ha hecho hincapié en que la Unión Europea ha instado a los estados miembros a adoptar medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar contra la pobreza energética.

Las normas europeas, según han subrayado, tienen un doble objetivo: garantizar el suministro de gas y electricidad imprescindible para garantizar una vida digna asociada a la vivienda habitual, a un coste asequible para el consumidor vulnerable; y, prohibir la desconexión en periodos críticos.

"Sin embargo, mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los consumidores más vulnerables, prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les pueda dejar sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente insuficientes", han remarcado.