Ortiz declara que su obligación es ir «detrás de políticos» para que aprueben sus proyectos

El constructor Enrique Ortiz ha declarado ante el juez que su relación de amistad con la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, del PP, era "normal", y ha explicado que parte de su trabajo consistía en "estar detrás" de políticos y técnicos por su condición de agente urbanizador.

Así lo han relatado los abogados de las acciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y EU-IU al término de la declaración de cerca de tres horas de Ortiz ante el juez que instruye la rama del caso Brugal relativa a las supuestas irregularidades en el plan urbanístico del barrio de Rabasa.

Según los letrados de las acusaciones, Ortiz ha explicado que la relación con Castedo y su predecesor Luis Díaz Alperi, del PP, era "normal", aunque incluía comidas y cenas familiares, donde ha agregado que no se hablaba de sus intereses urbanísticos.

Ha aclarado que su trabajo era "estar detrás" de los técnicos y políticos relacionados con el plan Rabasa porque había invertido 85 millones de euros en ese proyecto urbanístico, que preveía construir 13.000 casas junto a una futura tienda de Ikea, y con el paso del tiempo "los intereses (del préstamo) corrían y se incrementaban".

Según estos abogados de las acusaciones, Ortiz ha explicado al juez que "lógicamente" como agente urbanizador llamaba "a todo el mundo de la Administración, alcaldes, conseller, funcionarios" porque cree que es su "obligación".

Pese a lo manifestado por estos letrados, Ortiz, imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, sólo ha señalado a los periodistas que está "tranquilo y bien".

Su abogado, Francisco Ruiz Marco, también ha evitado profundizar sobre el contenido de la comparecencia de su cliente y ha aclarado que sólo ha contestado a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, del juez, Juan Carlos Cerón, y a los abogados de las defensas, y no a los de las acciones populares.

Ha negado un cambio de estrategia de defensa dado que el empresario ha contestado a todos salvo al PSPV-PSOE y EU-IU a diferencia de su interrogatorio ante el instructor de la rama del del Brugal sobre el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana, cuando se acogió a su derecho de leer un alegato para negar que hubiera "recibido solicitud de una dádiva o regalo de un político para adoptar una decisión en su beneficio" (cohecho).

En cambio, el letrado de Ortiz sí que ha subrayado que cree que el trabajo del juez instructor se efectúa "con absoluta exhaustividad" y que los interrogatorios se desarrollan "de una manera especialmente rigurosa".

A partir de esta instrucción, ha proseguido Ruiz Marco, pide esperar a "la versión que tiene valor, que es la que fije el juez de las cuestiones concretas".

Por el contrario, para el abogado de EU-IU (partido que presentó la denuncia que reabrió el caso), José Luis Romero, el juez y el resto de los que han interrogado hoy a Ortiz (todos salvo las acciones populares) "no han sido excesivamente incisivos".

"Si nosotros hubiéramos podido preguntar le hubiéramos hecho escuchar las conversaciones (telefónicas intervenidas por la Policía), pero no se ha considerado oportuno", ha lamentado.

A este respecto, ha puesto como ejemplo que en las escuchas aparece que Ortiz cobró de Ikea más de 90 millones de euros mientras que ante el juez ha dicho que no percibió cantidad alguna, y que también hay una conversación por teléfono en la que afirma que había regalado un barco al exportavoz socialista Blas Bernal y ahora asegura que no es cierto porque sigue siendo suyo, y que lo dijo para excusarse ante el interlocutor para evitar prestárselo.

Sobre los regalos, Ortiz ha dicho que no le consta que la funcionaria Isabel Campos le devolviera el bolso que le envió y ha añadido que, desde que entró en la empresa con su padre, aprendió que en Navidad había que tener "atenciones con todo el mundo" aunque no en el contexto penal de cohecho.

La declaración de Ortiz llega dos semanas después de la de Castedo, imputada por prevaricación y tráfico de influencias en esta causa y de quien la Policía apunta favoreció al constructor.