El Gobierno admite que el trasvase del Tajo fue favorable a La Mancha

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente subraya que el trasvase Tajo-Segura se hizo respetando la legislación vigente, contó con el respaldo de cinco comunidades autónomas, y, además, la reforma incrementó las garantías ambientales y de preferencia de la cuenca cedente.

El departamento que dirige Isabel García Tejerina respondió así a la Oficina del Defensor del Pueblo, que alerta de que el Memorándum del Tajo-Segura -que regula las normas del trasvase entre estas cuencas- debería haber estado sometido a un proceso de participación pública, ya que se trata de un acuerdo entre varias comunidades que afecta a los recursos hídricos y «debe ser accesible a quienes lo soliciten».

En un comunicado, Medio Ambiente incidió en que los gobiernos autonómicos de Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia respaldaron la regulación del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Esto, subrayó el Ministerio, «constituyó todo un hito para poner fin a las llamadas 'guerras del agua' entre territorios y respaldando todas ellas, de este modo, la planificación hidrológica impulsada por este gobierno». Asimismo, recordó que la regulación del trasvase Tajo-Segura que aprobó el Gobierno en el marco de la Ley de Evaluación Ambiental (2013) «se hizo con pleno respeto a la legalidad vigente». Explicó que se basó en los datos recogidos en los planes hidrológicos tramitados, «con amplios periodos de información pública y evaluación ambiental estratégica de todos ellos».

Según destacó el Ministerio, la reforma incrementó las garantías ambientales y de preferencia de la cuenca cedente, ya que la reserva de agua en la cuenca cedente -la del Tajo- se incrementó de los 240 hectómetros cúbicos (hm3) hasta los 400 hm3 -por debajo del cual no puede autorizarse ningún trasvase-. Además, mantuvo el límite máximo en los 650 hm3 (50 hm3 para el Guadiana y 600 hm3 para el resto de las cuencas receptoras: el Segura, el Júcar y las Cuencas Mediterráneas Andaluzas), por lo que no se alteró el máximo de agua que se puede trasvasar, por ley, desde 1995 (Guadiana) y 1980 (el resto de cuencas receptoras).

En una línea similar, el departamento de García Tejerina remarcó que la regulación también otorga seguridad jurídica al acueducto -las reglas de explotación se elevaron a rango legal- para reforzar la de todos los interesados y mejorar el funcionamiento del trasvase, atendiendo también las demandas de las cuencas receptoras.

El Ministerio de Agricultura también recordó que la Defensora del Pueblo no cuestiona en su informe «el trámite de participación pública en el plan de cuenca del Tajo». Además, recalcó, «la enmienda legislativa fue presentada por el grupo Popular con pleno respeto a la tramitación parlamentaria de una ley».