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EUROPA PRESS
Lunes, 2 de febrero 2015, 00:29
Una empresa promotora, Rabel Construcciones, reclama más de 480.000 euros al Ayuntamiento de Onil por el impago de los proyectos de urbanización que presentó en 2001 para desarrollar el sector APD-10 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de esa localidad más los intereses de demora.
El bufete jurídico que representa a esta mercantil, Cañizares Abogados, informó de que el caso podría acabar en los tribunales con una demanda si la corporación no abona la deuda, que continúa incrementándose. «Los sucesivos responsables municipales, alternándose el PP y el PSOE, han ido guardando las facturas en un cajón, permitiendo así que se dispararan los gastos hasta superar el medio millón de euros», señala el abogado Alberto Cañizares.
Según esta parte, esa cantidad tendrá que ser abonada «a costa de todos los vecinos del municipio, y ello sin incluir los daños y perjuicios, y cuanto más se tarde en pagar, más crecerá la deuda ya que su actualización viene fijada por la ley».
Los hechos se remontan al año 2001, cuando Rabel Construcciones presentó al Ayuntamiento de Onil una propuesta para desarrollar el Sector APD-10 del Plan General del municipio. En febrero de 2002, la corporación aprobó el Plan de Actuación Integrada (PAI) correspondiente, pero escogió como agente urbanizador a los vecinos de la zona, que se constituyeron en una Agrupación de Interés Urbanístico.
Según explica Cañizares Abogados en un comunicado, «tras más de doce años, la Agrupación de Interés Urbanístico, con la pasividad municipal como compañera, no ha cumplido las condiciones para la adjudicación definitiva y el sector sigue sin desarrollarse, los proyectos están pendientes tanto de corregir como de pagar y las obras no han empezado ni podrán hacerlo a medio plazo».
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