Valor da carpetazo al PGOU investigado y contratará a un nuevo equipo redactor

Dos semanas en el cargo le han bastado al alcalde de Alicante, Miguel Valor, para tomar la que probablemente será la decisión de mayor trascendencia de su mandato. Ayer, el regidor anunciaba que el Ayuntamiento renunciará a continuar con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad e iniciará un procedimiento para redactar uno nuevo, libre de sospecha.

Se deshace así el primer edil, y con él, la ciudad de Alicante, de un documento que comenzó a elaborarse en el año 2000 y que ha estado siempre perseguido por la polémica. Por su tramitación están imputados los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en una causa derivada del caso Brugal en la que se investigan presuntos beneficios al constructor Enrique Ortiz.

Junto a ellos está imputado, entre otros, el segundo y actual redactor del plan, Jesús Quesada, que sustituyó a Lluis Cantallops y que ahora va a ser sustituido, a su vez, por un nuevo equipo redactor, según confirmaron ayer desde la Concejalía de Urbanismo, que apuntó que se convocará un nuevo concurso.

En la primera entrevista concedida a este diario, el nuevo alcalde ya se fijaba como una de sus principales metas para su mandado el desbloqueo del Plan General y enseguida se puso manos a la obra. En estas dos semanas en el cargo ha mantenido varias reuniones con técnicos municipales y autonómicos, de los que ha recabado informes escritos e impresiones verbales, para tomar finalmente la decisión de retirar el PGOU. «Todos los técnicos nos han recomendado esta vía como la más adecuada y desde el Consell apoyan nuestra postura», apuntaba Valor.

En sus informes, los técnicos hicieron constar, fundamentalmente, que el documento se ha quedado obsoleto en cuanto a la adaptación a las leyes urbanísticas, por su prolongada tramitación. Pero esta claro que la compleja situación judicial a la que está vinculado el documento, sobre el que pesan sospechas de haber sido amañado a favor de Enrique Ortiz, ha tenido también un peso importante a la hora de tirarlo por tierra para empezar de nuevo. «El PGOU estaba socialmente cuestionado», reconoce la edil de Urbanismo, Marta García-Romeu.

Fabra: «Éste es el camino»

La decisión final se tomaba ayer en una reunión que mantuvo el alcalde con el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Juan Giner, y varios técnicos municipales y autonómicos. Antes, Valor había hablado con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y con la consellera Isabel Bonig. «Fabra me ha dicho que nos apoyará a tope para agilizar los trámites y que éste es el camino», explica el regidor alicantino.

Giner también valoró ayer «muy positivamente la decisión», que calificó de «muy inteligente, ya que el nuevo plan se podrá tramitar de acuerdo con la nueva ley urbanística, que entró en vigor el pasado 20 de agosto, recogiendo las últimas directrices de desarrollo de las normativas europeas».

De lo que no hay duda es de que se trata de un importante cambio de rumbo para la ciudad y un nuevo golpe de efecto más del nuevo alcalde y del PP en su intento de dejar atrás la era Castedo.

La tramitación del nuevo Plan General empezará esta misma semana. Tras pasar por comisión de Urbanismo, que se celebrará mañana, y por junta de portavoces, el Pleno debatirá y aprobará el viernes, en sesión extraordinaria, el desistimiento y remisión a la Comisión Territorial de Urbanismo del PGOU en tramitación y el inicio de un nuevo plan.

Una vez adoptada esta decisión, será la Conselleria de Infraestructuras la que deberá aceptar este desistimiento y devolver el documento al Ayuntamiento para que reinicie su tramitación.

Listo en uno o dos años

El alcalde y García-Romeu aclararon ayer que la renuncia a la tramitación del PGOU no implica que se vaya a «tirar a la basura todo el trabajo realizado». Destacan que hay estudios complejos y costosos que pueden aprovecharse, por lo que confían en que la tramitación del nuevo plan sea mucho más rápida. Si no surgen nuevos problemas, Valor calcula que el documento definitivo podría estar listo en uno o dos años.

Valor cuenta con que la Generalitat está de su lado para acelerar los trámites de gestión y asegura que, mientras esté en sus manos, va a imprimir a la tramitación el mismo ritmo acelerado que ha impuesto en todos los asuntos municipales desde que accedió al cargo, hace poco más de dos semanas.

El objetivo principal, señalan, es «dejar atrás controversias en torno al Plan General de Ordenación Urbana», para dar paso a un «urbanismo de vanguardia». Proponen un modelo de ciudad de «crecimiento inteligente, sostenible medioambiental y territorialmente, incorporando la infraestructura verde y eficiencia energética».

Para ello, comenzarán por fomentar la participación ciudadana en la elaboración del plan, mediante la creación de unos talleres de participación pública, que en estos momentos está ya empezando a diseñar la Concejalía de Urbanismo, y en los que estarán representados «todos los sectores representativos de la ciudad», señala García-Romeu.

«El Ayuntamiento de Alicante quiere apostar por un urbanismo de vanguardia y, de este modo, poder optar a las nuevas líneas de financiación europeas», añade Valor. Una idea, la de alinear criterios con las directrices europeas, que está últimamente muy presente en los planes municipales a diferentes niveles.

Como modelos, las ciudades de Bilbao, Róterdam y Leipzig, ejemplos de renovación urbana bajo los parámetros de un nuevo urbanismo. Se trata, en definitiva, de un cambio de rumbo, que, explica el alcalde, «me parece imprescindible para empezar una nueva etapa llena de ilusiones».

De Cantallops a Quesada

En la actualidad, el urbanismo de la ciudad de Alicante se rige por un PGOU que data de 1987 y que ha tenido que ser modificado en infinidad de ocasiones para adaptarse a las nuevas normativas y situaciones urbanísticas surgidas con posterioridad. A finales de 1998, el Ayuntamiento alcanza un acuerdo para la revisión del plan, pero no es hasta febrero de 2000 que se firma el contrato de redacción con la empresa de Lluis Cantallops. En 2004 éste entrega el primer documento de revisión, pero tras varias desavenencias y peticiones de rectificación, en 2007 Díaz Alperi le rescinde el contrato. Se convoca un nuevo concurso y en 2008 se le adjudica a Laboratorio de Proyectos de Jesús Quesada.

En octubre de ese año sale a exposición pública por primera vez, en abril de 2009 se aprueba provisionalmente y se somete a una segunda exposición pública y se volvió a aprobar provisionalmente en mayo de 2010.

Desde entonces, está en manos de la Conselleria de Infraestructuras y Territorio, que lo ha mantenido parado ya que en octubre de ese mismo año salían a la luz los primeros informes policiales que vinculaban a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo con presuntos pactos ilegales con Enrique Ortiz en la tramitación del plan. Dos años después, en octubre de 2012, imputaban a ambos exregidores por este caso. Imputación a la que en 2014 se sumaba otra por el 'caso Rabasa', un plan urbanístico que se tramitó al margen del PGOU que ahora va a quedar invalidado.