Eva María Lahoz
Miércoles, 4 de febrero 2015, 01:56
El proyecto de implantación de la multinacional Ikea en Alicante mantendrá su tramitación al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. El Ayuntamiento confirmó ayer que en el nuevo plan que va a redactarse tras renunciar el Ayuntamiento a seguir tramitando el que comenzó a gestarse en el año 2000 no se tomarán decisiones acerca de Rabasa. Se dejarán estos terrenos en blanco, a la espera de poder encajar en ellos la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que promueve el empresario Enrique Ortiz y que persigue la instalación en esos terrenos de Ikea, acompañada de un macrocentro comercial de 130.000 metros cuadrados y un parque tecnológico.
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Una actuación que en estos momentos está en manos de la Conselleria de Infraestructuras y Territorio y que el Ayuntamiento confía en que reciba el visto bueno antes de que se termine de tramitar el nuevo PGOU, para poder entonces «encajarla» en el urbanismo municipal, según manifestó ayer la concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu.
Desde esta Concejalía explican que el Ayuntamiento no tiene en estos momentos potestad para intervenir en la tramitación de esta ATE ni para modificar el proyecto presentado, pese a que su aprobación pueda estancarse debido a la investigación judicial acerca del plan Rabasa, que fue tumbado por los tribunales y del que es heredera la ATE. «Se trata de una iniciativa privada y que está en manos del Consell», apuntó la edil.
Añadieron que la ATE está ya en marcha y que, por tanto, mantendrá su tramitación al margen del nuevo Plan General, como ya se hizo con el plan Rabasa.
Tanto la edil de Urbanismo como el alcalde, Miguel Valor, volvieron ayer a dejar claro el interés del equipo de gobierno por la implantación de Ikea en la ciudad, pero este último mostró una actitud mucho más abierta ante la posibilidad de introducir cambios en el proyecto para su instalación. «Dadme 15 días más. Hablaré con los técnicos y con los comerciantes», señaló el regidor, que aseguró que quiere lograr el «consenso» en torno a este proyecto, que consideró fundamental para la ciudad.
Y es que en el Pleno de enero volvió a quedar patente el rechazo de este sector, el de los comerciantes, con el actual proyecto, por la inclusión de un centro comercial de 130.000 metros cuadrados.
Los tres grupos de la oposición anunciaron ayer que pedirán la suspensión de la ATE de Ikea para replantear el modelo. Así, el PSOE y EU avanzaron que enmendarán la propuesta de acuerdo del Pleno del viernes en el que se aprobará la suspensión de la tramitación del Plan General, para incluir una petición de suspensión la ATE, por estar «bajo sospecha judicial» y para evitar así que se mantenga su tramitación al margen del PGOU.
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UPyD reclamó también que se «replantee» la ATE para iniciar un proceso de búsqueda de consenso acerca de su planteamiento. «Se debe limitar claramente el número de metros cuadrados de la superficie comercial», defienden.
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