«El suelo urbanizable y las viviendas del PGOU exceden las necesidades actuales»

El Ayuntamiento de Alicante aprobará el viernes en un Pleno extraordinario el desistimiento en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para iniciar la redacción de uno nuevo. En la propuesta de acuerdo que se someterá a debate, se apuntan los motivos por los que el equipo de gobierno toma esta decisión, y entre ellos no hay ni una sola mención al caso judicial en el que están imputados los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

Ayer, el alcalde, Miguel Valor, sí que habló de la «controversia» que ha generado y admitió que, tal y como estaba «no se habría aprobado». La concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu, apostó por dejar atrás «la sombra de la sospecha» en torno al plan.

Pero en el texto de la propuesta, que está firmada por él y por el jefe del área de Asesoría Jurídica y Planeamiento Urbanístico, José Luis Ortuño (imputado por el caso Rabasa), la argumentación se basa en que el PGOU está «obsoleto» por haberse iniciado su tramitación hace 15 años.

En este sentido, apuntan, por un lado, al acaecimiento de «circunstancias socioeconómicas» de relevancia, como la crisis, y por otro, a los «cambios legislativos» que se han producido en el proceso.

Además, hablan del «fin de un periodo de intenso crecimiento inmobiliario cuyas secuelas que aún sentimos hacen replantearse los antiguos modelos de crecimiento urbanístico y las propias formas de concebir el urbanismo». Así, proponen primar criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia en el empleo de recursos y modelos de crecimiento inteligente.

Como ejemplo claro, aseguran que la previsión de 12,4 millones de metros cuadrados de nuevo suelo urbanizable que contemplaba el PGOU, que se suman a los siete millones ya aprobados y sin desarrollar, así como las 59.650 nuevas viviendas previstas, «exceden con mucho de las necesidades del municipio en estos momentos» y, añaden, «suponen la perpetuación de un modelo de crecimiento que se ha revelado inadecuado».

EU anunció ayer que va a pedir que en la propuesta de acuerdo se haga mención expresa a la pieza de Brugal del presunto amaño del PGOU y la desvinculación del planeamiento general de las sospechas de corrupción como motivos para la retirada del plan.

Y llamaron la atención sobre que la propuesta de acuerdo esté redactada por Ortuño, que está imputado en el caso Rabasa. «Hemos considerado que debería estar firmada por otro técnico, para desvincular el nuevo PGOU de cualquier sospecha de corrupción, pero el PP se ha negado», apuntó Miguel Ángel Pavón.