Sangueta pide a Valor que acabe con una década de estancamiento

Los vecinos de La Sangueta se sienten abandonados. El sector, ubicado en un entorno privilegiado, entre el litoral y la Serra Grossa, lleva más de una década paralizado, a la espera del desarrollo de un ambicioso plan urbanístico que el Ayuntamiento y el Consell parecen haber dado por perdido.

El gran proyecto que iba a transformar su aspecto por completo ha terminado por enterrar al sector, que se ha quedado al margen de todos los planes de renovación urbana de la ciudad en los últimos años. La zona estaba destinada a convertirse en la 'milla de oro' de la ciudad gracias a un proyecto de urbanización que contemplaba la instalación allí del Centro de Congresos y la construcción de 329 viviendas. Para ello se elaboró un plan de reforma interior que data del año 2005 y que contaba con la colaboración de las administraciones local y autonómica. Sin embargo, la crisis trajo consigo la renuncia de ambas administraciones a seguir con la tramitación del plan, pero sin anularlo oficialmente, lo que ha dejado a las cerca de 200 familias que viven allí en un estado de indefensión.

Y es que, en teoría, sus viviendas, ubicadas en los edificios de La Marina y La Cantera, además de algunas casas bajas que aún se mantienen en pie, iban a ser derruidas cuando se ejecute allí el plan urbanístico. A cambio, se les daría otro piso. Por eso ningún vecino quiere arriesgarse a realizar reformas. Una situación que empezó como algo provisional, pero que se alarga ya una década. Fue en 2005 cuando el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, desistió de intentar construir el Centro de Congresos en el Benacantil y se decantó por trasladar el proyecto a Sangueta. En 2009 se aprobó inicialmente el plan de reforma integral.

Después de Alperi llegó Sonia Castedo y ella tampoco fue capaz de sacarlo adelante. De hecho, hace unas semanas se confirmaba que el Ayuntamiento ha descartado por completo que se construya allí el Centro de Congresos. En su lugar, se utilizará para este fin uno de los edificios administrativos ubicados en Ciudad de la Luz. Esta misma semana la Unión Europea daba el visto bueno al plan para vender los estudios cinematográficos por lotes y para que Ayuntamiento y Consell se queden con algunos de los edificios.

Este cambio de planes deja a los vecinos en una situación inestable, porque no saben qué va a pasar con su sector. Tienen puestas las esperanzas en el afán renovador del nuevo alcalde, Miguel Valor, para que, si no resucita el plan, al menos sí que les dé una solución para regenerar el barrio.

El PGOU, su oportunidad

Desde el Ayuntamiento aseguran que son conscientes de la situación compleja de la barriada. En la Concejalía de Urbanismo explican que es la única que aparece en blanco, esto es, sin ordenación, en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se acaba de suspender. Esto es así porque estaba pendiente, como Rabasa, de la tramitación de un plan urbanístico, en este caso un plan de reforma interior (PRI).

Al suspenderse la tramitación del PGOU y en vista de que el PRI también está parado, desde Urbanismo entienden que el nuevo proceso participativo para la elaboración del nuevo Plan General es el momento adecuado para «ofrecer una solución urbanística a este sector, adaptada a las necesidades actuales». E invitan a los vecinos a que se sumen al proceso de participación pública del nuevo PGOU en este sentido.

Mientras, el barrio se enfrenta a una degradación cada vez más evidente, acentuada por el hecho de que parte de los terrenos son responsabilidad del Ayuntamiento y parte de la Autoridad Portuaria, que es propietaria de la mayoría del suelo.

La zona más degradada es la de las casas bajas ubicadas a la entrada del sector. Son las que sobrevivieron a las primeras demoliciones y en estos momentos son pocas las familias que viven en ellas. Algunas están ocupadas ilegalmente y los residentes acumulan desechos en el patio. Otras viviendas están en ruinas.

Los que conservan la propiedad de estas viviendas lamentan que llevan décadas a la espera de que se les ofrezca una solución a la situación de «limbo» en la que se encuentran. Han presentado escritos en el Ayuntamiento y en la Conselleria de Territorio para tratar de desbloquear el PRI, pero sin éxito.

En los dos bloques de La Cantera viven 90 familias, en su mayoría trabajadores o extrabajadores de la Autoridad Portuaria y del Ministerio de Obras Públicas a los que se les concedieron estas viviendas hace ya más de 40 años. En el gran edificio de La Marina, de algo más de 30 años de antigüedad, son 107 las viviendas ocupadas.

La falta de mantenimiento de los últimos años se ha dejado sentir y el entorno también está muy degradado. En algunas zonas falta asfaltado y alumbrado, en el acceso sigue abierta una canalización en desuso desde hace años y al fondo del sector existe un colector abierto que genera malos olores y atrae a las plagas.

El resto del terreno es de tierra, solo interrumpida por unas pistas deportivas abandonadas desde hace años.