Ortuño afirma que actuó legalmente y siente su imputación como «una condena»

El jefe de los servicios jurídicos de la Concejalía de Urbanismo de Alicante, José Luis Ortuño, ha afirmado ante el juez de la pieza separada del caso Brugal sobre las supuestas irregularidades en el plan urbanístico de Rabasa que ha actuado dentro de la "absoluta legalidad".

El plan Rabasa, en el que está imputada la exalcaldesa Sonia Castedo y el constructor Enrique Ortiz, supuesto beneficiado, preveía la construcción de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados, junto a un área comercial con una tienda de Ikea.

Minutos después de terminar su comparecencia como imputado ante el titular del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, Ortuño ha explicado a los periodistas que le esperaban, aunque está "satisfecho" por haber declarado, lo está "pasado fatal" ya que siente que su imputación se entiende como "una condena".

En este sentido, ha comentado que piensa que su imputación se puede deber a que la instrucción judicial se halla en un momento "previo del procedimiento" y no porque sea el resultado de un "estudio profundo" de la situación.

Ortuño había sido llamado a declarar como testigo el pasado 9 de enero por petición del abogado del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, pero una vez en el juzgado el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, solicitó que se cambiara su condición a imputado y que, por consiguiente, fuera citado en otra fecha (hoy) junto a un abogado.

Por su parte, el abogado de una de las acciones populares, José Luis Romero, de EU-IU, ha sostenido que Ortuño no ha desmentido las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía y que ha sido "contundente" en la defensa de que su actuación entraba dentro de la legalidad.

En una declaración en la que se ha acogido a su derecho a no contestar a los abogados de EU-IU y del PSPV-PSOE, Ortuño ha negado presiones de Castedo para emitir el informe que posibilitó que el pleno municipal de enero de 2010 aprobara un convenio de colaboración con la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo (participada por Ortiz) e Ikea pese a que a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) había suspendido cautelarmente la ejecución del plan Rabasa.

Dicho informe de Ortuño incluía una referencia a la paralización por el TSJCV y, por lo tanto, contemplaba que todo quedaba supeditado a la posterior decisión del alto tribunal.

Ortuño no ha sido el único en declarar hoy ya que también lo ha hecho la exjefa del servicio territorial de Ordenación del Territorio, Ester Valls, quien ha sido preguntada por la tramitación ante la Conselleria de Infraestructuras del plan Rabasa y sus objeciones por la ausencia de un estudio de impacto acústico.

Según Romero, Valls ha manifestado ante el juez que ese estudio debió haberse incluido dentro del paquete presentado del plan urbanístico de Rabasa y que, al no estar, el plan debía haberse devuelto al ayuntamiento para que lo incorporara (trámite que habría dilatado el proceso al tener que pasar otra vez todo por un pleno).

Sin embargo, el estudio acústico fue finalmente añadido a posteriori justificándose en un escrito firmado por el responsable de Carreteras de Alicante (Ministerio de Fomento), Emilio Peiró, en el que se defendía que ese documento se podía presentar más tarde, coincidiendo con el proyecto de urbanización.

Para Romero, Valls ha dejado claro que ese estudio debía de haberse incorporado al plan y no al proyecto de urbanización, como finalmente se hizo.

La investigación policial apunta a que las prisas por sacar adelante el plan Rabasa e Ikea estaban relacionadas con el interés del constructor Enrique Ortiz.