La patronal se ve las caras en el juzgado

La batalla que protagonizan las patronales de la empresa alicantina da el salto a la arena judicial. El primer cara a cara enfrentó al presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Moisés Jiménez Mañas, y al presidente de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, Cristóbal Navarro. Éste último mantiene un pulso en los tribunales con la mayor confederación empresarial de la provincia a cuenta de sus nuevos estatutos, por los que demandó a Coepa, en los que el criterio económico prima sobre cualquier otro para votar en la asamblea electoral.

La medida impulsada por la agrupación empresarial se vio desde un primer momento como una forma de apartar a los sectores más críticos en un momento en el que Coepa no pasa precisamente por su mejor momento económico.

La entidad que preside Navarro, situada en la bancada de ese sector crítico, solicitó al Juzgado de lo Social que tramita su demanda que suspendiese cautelarmente la asamblea electoral que ha de celebrarse el próximo 26 de febrero y para la que solo se ha conformado la candidatura de Jiménez. El hecho de que los comicios se celebren y que en un futuro queden anulados al estimar el juez la demanda supondría un perjuicio mayor que habría que reparar, tal y como defienden desde Cepyme.

El nuevo reglamento interno aprobado por Coepa, que además excluye a la confederación de pymes, ha sido tachado por la patronal que agrupa a la pequeña y la mediana empresa de «inconstitucionales», lo que llevó a Navarro a demandar a la entidad que preside Jiménez Mañas por la vía civil y penal. Ayer tuvo lugar la primera vista a fin de dirimir si el juez ha de adoptar las medidas cautelares oportunas.

El actual presidente y líder de la única candidatura a los comicios de Coepa, Moisés Jiménez, se puso en lo peor en la vista celebrada ayer, en caso de que la razón no caiga de su lado. Según detallaron las fuentes jurídicas consultadas, el empresario anunció que en ese hipotético caso debería dimitir y disolver la confederación, ya que, según alegó al juez, quedarían sin legitimidad. Por ello, la parte demandada solicitó al juzgado que los demandantes aportasen 2,5 millones de euros, el presupuesto de un año, en caución por las pérdidas que supondría si se suspende la asamblea.

No obstante, el comité ejecutivo debería mantenerse hasta que el juez decida si admite o no la demanda de Cepyme. Además, si se aceptase suspender la asamblea electoral, esa medida no llevaría aparejado que luego se diese la razón a las pymes, ni la negativa a acatar la medida cautelar a lo contrario.

Sin embargo, desde la agrupación de las pymes, tal y como indicaron las citadas fuentes, se defiende que celebrar las elecciones para que luego puedan quedar revocadas dejaría a Coepa en una inseguridad jurídica que podría incluso generar perjuicios a terceros que formalicen pactos con un órgano de gobierno invalidado por sentencia judicial.

Pese a todo, Moisés Jiménez escenificó el martes su intención de llevar a término la elección de su candidatura con una junta sin Cepyme ni Fempa que forman 40 vocales y que contó con el respaldo de 36 organizaciones de la confederación.