La Fiscalía pide 8 años de cárcel para Rambla y Costa por delito electoral

La Fiscalía Anticorrupción acusa a la cúpula del PP de la Comunitat Valenciana entre 2007 y 2008 de varios delitos electorales y de falsedad documental durante los comicios autonómicos, locales y generales de esos años, y pide para cuatro de sus responsables penas que suman siete años y nueve meses de cárcel.

El escrito de acusación de la Fiscalía, hecho público hoy, se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en relación a las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel, relacionadas con la supuesta financiación irregular del Partido Popular valenciano.

La Fiscalía considera a Ricardo Costa (entonces secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente del Gobierno valenciano), David Serra (exvicesecretario del PPCV) y Cristina Ibáñez (exgerente del PPCV) autores de tres delitos electorales (en las autonómicas y las municipales de 2007 y las generales de 2008) y de uno de falsedad documental.

Según Anticorrupción, el PPCV preparó esas campañas electorales contratando con Orange Market, una de las principales empresas investigadas en la trama Gürtel, "servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".

Los servicios prestados al PPCV por Orange Market, que entonces dirigía en Valencia Álvaro Pérez "el Bigotes", con motivo de las elecciones de 2007 y que no fueron facturados o declarados fueron al menos de 1.234.100 euros, mientras que en las de 2008 ascendieron a 801.810 euros, según los cálculos de la Fiscalía.

El fiscal pide la apertura de juicio oral, además, contra los cabecillas o trabajadores de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero y José Ramón Blanco Balín.

También contra los empresarios Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina), Antonio Pons Dols, Alejandro Pons Dols, Gabriel Alberto Batalla Reigada, Enrique Francisco Ortiz Selfa (imputado junto con la exalcaldesa de Alicante en el caso Brugal), José Francisco Beviá García y Vicente Cotino Escribá (sobrino del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino).

Se reclama asimismo el enjuiciamiento de las mercantiles Orange Market, Diseño Asimétrico, Piaf, Facsa, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez, Padelsa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos, y Ezentis (antes Sedesa).

El fiscal cree que la expansión del Grupo Correa a Valencia entre 2003 y 2005 "tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes".

Concluye asimismo que Orange Market prestó servicios al PP valenciano en 2007 que no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria por, al menos 1,15 millones de euros en las elecciones autonómicas y 78.878 euros en las municipales.

Los servicios que, siempre según el ministerio público, fueron prestados por esta misma mercantil al partido en 2008 sin ser contabilizados, facturados o declarados ascendieron a 801.810 euros.

"Una parte del gasto comprometido por los acusados vinculados al PPCV fue financiado por empresas radicadas en la Comunitat Valenciana directamente a Orange Market, que facilitó facturas por servicios que en realidad no habían sido prestados.

La constructora Piaf, por decisión de sus consejeros Antonio y Alejandro Pons, entregó al PP 31.312 euros por estos servicios; Facsa (propiedad de Enrique Gimeno) 405.668 euros; Grupo Vallalba (Rafael y Tomás Martínez Berna) 199.520 euros; Lubasa (Gabriel Alberto Batalla) 110.200 euros; Enrique Ortiz abonó 348.115 euros; Sedesa (Vicente Cotino) 150.684 euros.

Además, se han contabilizado otros 200.000 euros que Orange Market recibió de forma "opaca" y otros gastos en actos no electorales que el PP encargó a Orange Market que costaron 1,13 millones de euros en 2007 y 1,43 millones en 2008, de los que únicamente se facturaron 623.208 y 514.530 euros, respectivamente.

En resumen, el fiscal atribuye dos delitos electorales en 2007 a cuatro políticos (Costa, Serra, Rambla e Ibáñez), seis empresarios Antonio y Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez y Gabriel Alberto Batalla) y cuatro responsables de Gürtel (Correa, Crespo, Pérez y Herrero).

También considera a todos ellos responsables de un delito electoral en 2008 y añade a la lista al empresario José Francisco Beviá y la extesorera del PPCV Yolanda García.

El delito de falsedad documental se atribuye a cuatro políticos (Costa, Serra, Ibáñez y Rambla) nueve empresarios (Antonio y Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez y Gabriel Alberto Batalla, Vicente Cotino, Enrique Ortiz y José Francisco Beviá) y los cabecillas de Gürtel (Correa, Crespo, Pérez y Herrero).

Por último, señala a todos los encausados relacionados con las empresas de Gürtel (los anteriores más Blanco Balín) como responsables de varios delitos contra la Hacienda Pública.

Para Ricardo Costa, Vicente Rambla, Cristina Ibáñez y David Serra el fiscal pide 7 años y 9 meses de prisión (6 meses y 650 euros de multa para Yolanda García) y multas que ascienden a 6.600 euros.

A los empresarios Antonio y Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez, Gabriel Batalla, José Francisco Beviá, Enrique Ortiz y Vicente Cotino les reclama tres años de prisión y una multa de 960 euros por falsedad documental y a todos ellos, salvo Beviá, Ortiz y Cotino, también les pide otros tres años y 3.900 euros de multa por delitos electorales.

Por último, reclama para los cinco directivos de Gürtel dos años y medio por cada uno de los tres delitos de fraude detectados (siete años y medio en total) y una multa de 2,95 millones de euros, y otros dos años y medio y multa de 730.000 euros para Álvaro Pérez por fraude en su declaración de 2006 y 2007.

La fiscalía anticorrupción, según ha indicado a EFE, tiene previsto enviar un escrito complementario al TSJCV para subsanar una deficiencia en su escrito de acusación, puesto que en la conclusión tercera no atribuye el delito de falsedad a los dirigentes del PPCV, para quienes posteriormente reclama penas de prisión y multa.