La Generalitat rechaza que PP pida perdón «por un delito no confirmado»

La portavoz del Gobierno valenciano, María José Catalá, ha calificado hoy de "inapropiada e inadecuada" la solicitud de la oposición de que el PP pida perdón por el delito electoral que se investiga en el caso Gürtel, "porque el delito no ha sido confirmado por una sentencia del juez".

Catalá se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell tras el escrito de la Fiscalía en el que acusa a la cúpula del PP de la Comunitat Valenciana entre 2007 y 2008 de varios delitos electorales durante los comicios autonómicos, locales y generales de esos años.

Sobre el hecho de que los imputados pertenezcan a la antigua cúpula de Francisco Camps, la consellera ha indicado que respetan la presunción de inocencia "totalmente", y ha recordado que "ninguna de las personas que está imputada forma parte en este momento de los órganos de gestión" del PP, ni tiene "ninguna responsabilidad".

Ha añadido que esas personas han dejado ya sus actas de diputados autonómicos, y ha insistido en que se trata de un proceso que aún no ha concluido, y por lo tanto hay que respetar la acción de la justicia.

La consellera ha resaltado que todas las cuentas del PPCV están auditadas por el Tribunal de Cuentas y por auditorías internas y externas, y ha considerado que en el futuro juicio oral "se podrán acreditar todas estas circunstancias".

Ha señalado que lo que se ha conocido hoy es un escrito de calificación del fiscal, tras lo que se abrirá juicio oral y "se demostrará o no que ha habido esos delitos", por lo que ha insistido en que se respeten "los tiempos de la justicia".

Catalá ha reiterado que la postura del Consell es "de máxima colaboración" con la justicia y de "respeto máximo" a la acción y a los profesionales de la justicia, en un proceso del que ha destacado que aún no ha terminado.

Por otra parte, preguntada sobre la situación de Milagrosa Martínez, que ha sido suspendida de militancia pero sigue como alcaldesa de Novelda (Alicante), la consellera ha indicado que es a la corporación local de ese municipio a la que corresponde decidir sobre su condición de regidora.