Un jefe de Urbanismo defiende la legalidad de su actuación en Rabasa

Las declaraciones de imputados por las presuntas irregularidades en el 'macroproyecto' urbanístico del Plan Rabasa van concluyendo. Ayer fue el turno para el último de los acusados por los supuestos chanchullos urdidos desde el Ayuntamiento de Alicante para facilitar al empresario Enrique Ortiz un 'pelotazo' millonario con la construcción de más de 13.000 viviendas por parte de la firma del constructor Viviendas Sociales del Mediterráneo SL (Visomed) y con la venta de suelo para la llegada de la multinacional sueca Ikea a las Lagunas de Rabasa.

El instructor del caso, Juan Carlos Cerón, había citado al que fuera Jefe del Servicio de Coordinación de Urbanismo del Consistorio de la capital en 2009, José Luis Ortuño, quien defendió en todo momento la legalidad de sus acciones a lo largo de su participación en el Plan Parcial las Lagunas de Rabasa, cuya tramitación prosiguió pese a la suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El técnico negó haber sufrido presiones o haber recibido órdenes por parte de la exalcaldesa Sonia Castedo, pese a que en las conversaciones intervenidas por la Policía el funcionario supedita cada uno de sus pasos sobre el Plan al visto bueno de la televisiva exedil.

Al funcionario se le imputa un presunto delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación, «del que podría llegar a responder en grado de autor material o cooperador necesario», según indicó el juez en su día. La investigación del caso revela que Ortuño introdujo una cláusula en el Plan General de Ordenación Urbana para poder proseguir la tramitación de Rabasa y sacar a exposición pública el convenio entre el Consistorio, Ikea y Visomed, pese al dictamen del Alto Tribunal valenciano.

Recalca que todo era legal

El inculpado, quien aseguró que «deseaba» que llegase el día de la declaración, se presentó puntual a la cita junto a su letrado, Luis Corro. El extenso y pormenorizado informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúa al funcionario en una delicada situación y refleja una intensa actividad ligada a los designios de la exalcaldesa Sonia Castedo para acelerar el Plan Rabasa. Pese a ello, Ortuño no desmintió las conversaciones intervenidas por la Policía y defendió con vehemencia la legalidad de sus actos. Aun así, a la salida del Palacio de Justicia de Alicante dijo estar «pasándolo fatal» por sentirse «condenado».

«Creo que esta imputación es porque estamos todavía en un momento previo del procedimiento», indicó el técnico, «y no ha habido un estudio profundo como requiere el expediente administrativo. El derecho urbanístico es muy específico y muy especializado. Mantengo la legalidad de todo lo que he firmado», aseguró ayer a su salida de los juzgados después de más de dos horas de declaración. Ortuño desfiló por el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital alicantina como testigo en esta causa, que se desprende del 'caso Brugal', pero cuando se disponía a responder a las preguntas del juez, las acusaciones y las defensas, el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, pidió suspender el interrogatorio para citarlo más adelante como imputado. El titular accedió a la petición días después.

Cerón imputó al técnico municipal por haber avalado el convenio entre Ikea Ibérica, el consistorio y la empresa del también imputado Enrique Ortiz Visomed SL «en contra de lo resuelto» por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Pese a la suspensión dictaminada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en diciembre de 2009, el Plan Parcial de las Lagunas de Rabasa continuó.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó someter a exposición pública el convenio antes citado, que se encuadraba en ese sector, el 29 de enero de 2010. Sonia Castedo se escudó en su declaración como imputada alegando que la paralización judicial afectaba a la fase de ejecución de urbanización y no al planeamiento, argumento que, pese a contar con mayor base jurídica, empleó ayer José Luis Ortuño.

Acusación particular

Esta estrategia de defensa la volvió a poner en duda la acusación particular de Esquerra Unida, cuyo letrado, José Luis Romero, discrepa de esa afirmación y sostiene que el tribunal autonómico no suspendía «la ejecución, sino el acuerdo de aprobación del Plan Parcial Lagunas de Rabasa». El letrado de esta parte ha lamentado por último que el encausado se haya negado a responder a sus preguntas y a las de la acusación particular del PSPV-PSOE, lo que ha provocado a su juicio que quedaran «muchas cosas en el tintero».

Antes que Ortuño, pasó por la sala de interrogatorios una testigo que aparece en las conversaciones de Enrique Ortiz y que tuvo una breve participación en los trámites del 'macroplan'. Se trata de la exdelegada territorial de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Esther Valls. Ambos se cruzaron al término del testimonio de la mujer y se dedicaron un sentido saludo.

Valls vino a confirmar lo que ya resultaba claro en el informe de la UDEF. Los agentes recogieron conversaciones entre el presunto corruptor y sus colaboradores en las que se decía que la funcionaria requería para completar la documentación del Plan Rabasa un plano acústico del proyecto de urbanización, es decir, un estudio sobre el ruido que las futuras construcciones generarían en Rabasa.

Los reparos de Esther Valls se subsanaron mediante la intervención del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, como él mismo declaró, según las fuentes consultadas. Las prisas con las que los imputados tramitaron el Plan para su rápida aprobación no se debieron en ningún caso, según declararon ante el juez, a posibles regalos recibidos de Ortiz

El gerente emprendió gestiones para que desde Madrid se solventase el problema, pues la inclusión del informe de servidumbre acústica retrasaría aún más el plan, ya que el nuevo documento debía pasar por el pleno de Alicante. Así, Sanus habría contactado con el jefe de la Unidad de Carreteras de Alicante, Enrique Peiró. El funcionario del Gobierno central estableció que no era necesario incluirlo en el Plan y que la deficiencia podía subsanarse incorporando dicho estudio sonoro en el proyecto de urbanización, según relató la testigo.