Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Ricardo Costa y Vicente Rambla

La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer penas ejemplarizantes para los exdirigentes de la cúpula del PP valenciano que se encargaron de la organización de las campañas electorales de las autonómicas y municipales de 2007 y de las generales en la Comunitat de 2008. El Ministerio Público pide en su escrito de calificaciones hasta siete años y nueves meses de cárcel y multa para el exsecretario general del PPCV y coordinador de la campaña de las generales, Ricardo Costa, y para el exvicepresidente del Consell y coordinador de la campaña de las autonómicas investigadas, Vicente Rambla. Los mismos años de prisión solicita también para el exdiputado autonómico y exvicesecretario general del partido, David Serra, por tres presuntos delitos electorales y uno de falsedad documental. Los mismo años se piden también para la gerente de los populares valencianos, Cristina Ibáñez, que sigue ocupando ese puesto hoy en día.

Anticorrupción estipula esas penas dentro de su calificación de la pieza seis, que investiga un presunto delito electoral y por ende, la financiación irregular del PP valenciano, dentro del caso Gürtel. Según el escrito del fiscal, los exresponsables del PPCV acusados contrataron con Orange Market (una de las mercantiles del grupo Correa) «con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008. La empresa prestó al partido «servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros» y que abonaron «de modo irregular, en parte en efectivo, en parte a través de terceros». En ambos casos, esos pagos no quedaron reflejados en la contabilidad del partido ni en la facturación. Para ello, la gerente «omitió el preceptivo control del gasto» del presupuesto electoral tal y como estipula la ley que regula la financiación de los partidos durante las campañas.

Así, de los tres procesos electorales investigados (autonómicas y municipales de 2007 y generales de 2008), la empresa de la trama Orange Market, declaró sólo pagos provenientes del PP valenciano por importe de 175.000 euros. Sin embargo, los sucesivos informes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) determinaron que la empresa dirigida por uno de los cabecillas de la trama, Álvaro Pérez 'El Bigotes', prestó servicios por importe de 1,15 millones en las autonómicas y por más de 78.000 euros en las municipales, que no se facturaron. Situación similar se produjo durante la campaña de las generales, cuando el gasto declarado por el PP valenciano con Orange Market fue de 801.810 euros, aunque el gasto real que se produjo al margen de Hacienda fue de 1,4 millones.

Según argumenta Anticorrupción, la facturación elaborada por Orange Market para el PPCV y «por decisión conjunta de ambas partes», fue «deliberadamente genérica, de modo que no se identificara el servicio, la fecha de prestación o el medio de pago en las facturas. Además, una parte del gasto comprometido por los acusados vinculados al PP valenciano fue financiado por empresas radicadas en la Comunitat que, «en connivencia con aquellos y con los responsables de Orange Market» asumieron el pago de los servicios adeudados por dicha formación política a la sociedad, haciéndolos aparecer como pago de servicios prestados por la mercantil de 'El Bigotes'. Los grupos empresariales ( Piaf, Facsa y Aguas de Castellón, Vallalba, Lubasa, Enrique Ortiz, y Sedesa) eran en todo caso, beneficiarios de contratos con la Generalitat. Según detalla el fiscal «los pagos se hicieron por dichas empresas directamente a Orange y ésta les facilitó facturas de supuestos servicios que no habían sido prestados en realidad».

Así, el Ministerio Público sostiene que tanto Ricardo Costa como Vicente Rambla, Cristina Ibáñez, David Serra, media docena de empresarios y los cabecillas de la trama, son responsables como autores de tres delitos electorales en las campañas de 2007 y 2008. En el caso de otra de las acusadas, la exdiputada y extesorera Yolanda García, tan sólo aparece como cómplice del delito electoral en la campaña de las generales porque, según el fiscal, «cuando se incorporó al puesto de tesorera en 2008 ya estaba instaurado el sistema de contratación» con la trama. Para ella pide sólo seis meses de cárcel.

Además, todos los anteriores se enfrentan también a un delito continuado de falsedad documental. En el caso de los empresarios y de los cabecillas, también son acusados de un delito contra la Hacienda Pública por haber defraudado fondos del impuesto de sociedades y del IRPF desde 2005 a 2008. Fiscalía pide para Francisco Correa y Pablo Crespo 24 años de cárcel, 19 para el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, y 27 para Álvaro Pérez 'El Bigotes'. Para los empresarios la pena solicitada oscila entre cuatro y seis años de prisión.

El PSPV, la mitad de penas

Por su parte, el PSPV, que representa la acusación particular en este caso, rebaja sustancialmente sus calificaciones para los acusados. Deja en tres años y seis meses las penas de cárcel para Costa, Rambla, Serra e Ibáñez, sube la de Yolanda García a un año y seis meses y rebaja las de los empresarios a un año y seis meses. En el caso de los cabecillas, piden condenas de entre 12 y 15 años para Correa, Crespo, y El Bigotes, entre otros. Los socialistas aseguran que su calificación es menor que la de la Fiscalía porque consideran que no se pueden sumar los dos delitos (electoral y de falsificación documental) porque no está tipificado así. Como la financiación irregular, que es lo que se investiga, no existe en el Código Penal, se ha concretado el delito electoral (maquillaje de las cuentas) y la falsedad documental. Algo en lo que coinciden más fuentes jurídicas consultadas que aseguran incluso que el fiscal ha calificado penas para delitos de los que el propio juez instructor del TSJ valenciano, José Ceres, dejó fuera a alguno de los acusados.