Dos empresarios niegan que los extractos de dinero fueran para pagar a Alperi

Dos imputados han admitido este lunes en el juzgado que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante que extrajeron 174.000 euros de un banco el 25 de octubre de 2008, pero han explicado que eran para pagar la instalación de unos extintores en el nuevo Hospital del Vinalopó, en Elche, y no para sobornar al exalcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi, como sostiene en un informe la Policía Nacional.

Según han informado fuentes de la acusación particular que ejerce EU, estos dos encausados, Santiago Bernáldez y Pablo Rico, han defendido en todo momento la legalidad de su actuación, mientras que un tercer sospechoso, Virgilio Ortiz, hermano del empresario también imputado en este procedimiento Enrique Ortiz, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Los tres interrogatorios fueron ordenados por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado mes de diciembre, donde los tres imputados eran señalados como intermediarios en el pago de sobornos por parte de Enrique Ortiz a Díaz Alperi.

Tanto el promotor inmobiliario como el ex primer edil y su sucesora en la Alcaldía de Alicante, Sonia Castedo, están imputados en estas diligencias junto al arquitecto responsable del PGOU, Jesús Quesada, antiguos directivos de CAM y Bancaja y diversos empresarios, de entre un total de 22 personas.

En su informe, fechado el pasado mes de diciembre, la UDEF reconstruía dos "operaciones de cohecho" llevadas a cabo presuntamente entre Ortiz y Díaz Alperi con la intermediación de algunas personas del entorno familiar y laboral del primero. Según los agentes, el empresario abonó al político 174.007 euros para "compensar el precio pagado" por la hija de éste, la también diputada autonómica Elisa Díaz, por la compra de un bungaló para el que firmó una hipoteca.

Desde la cuenta de una UTE

Dicha cantidad salió de una cuenta bancaria a nombre de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Hospital Elche-Crevillente, en la que participaba Ortiz, a través de un pagaré en favor de la firma Asegur Ingeniería del Fuego SL por un trabajo "falso" que esta última sociedad habría realizado para la anterior, siempre según los investigadores.

El dinero fue extraído en efectivo por Pablo Rico, apoderado de la cuenta de Asegur donde se consignó el pagaré. Esa cuenta fue abierta el mismo día de la operación y cancelada apenas tres meses después, lo que lleva a pensar a la Policía que era una cuenta "ad hoc" para ejecutar el cohecho.

El informe apunta a que tanto Santiago Bernáldez, directivo de una de las empresas de Ortiz, como Virgilio Ortiz intermediaron en esta maquinación. En concreto, el segundo llevó presuntamente a su hermano Enrique, a su yate, la cantidad destinada a compensar el dinero que Elisa Díaz debía pagar al banco por la hipoteca de su casa.

Los investigadores también implican a estos dos últimos imputados en la extracción en efectivo de otros 150.000 euros el 24 de octubre de 2008, un dinero que luego entregaron a la mujer de Ortiz, la también imputada María Manuela Carratalá, y que, según se recoge en el informe de la UDEF, podría haber servido igualmente para sobornar a Díaz Alperi.

Mientras Virgilio Ortiz se ha negado a contestar pregunta alguna durante su comparecencia de este lunes, Bernáldez y Rico han reconocido que extrajeron los 174.000 euros pero han coincidido en señalar que el dinero estaba destinado a pagar la instalación de extintores en el Hospital Comarcal del Vinalopó y otros "pagos rutinarios" de una mercantil a otra, según ha explicado a la salida de los juzgados el abogado de EU, José Luis Romero.

Bernáldez ha dicho que no recordaba una conversación en la que Ortiz le preguntaba si había dado "eso" a su mujer, María Manuela Carratalá, también imputada, pero ha indicado que era normal que acudiera a menudo a la vivienda de su jefe y que el dinero de las operaciones bancarias bajo sospechan iban destinados a los pagos de una empresa a otra.

Por su parte, Rico ha admitido que sacó los 174.000 euros el sábado 25 de octubre pero ha atribuido esa cantidad a uno de los pagos "por certificación de obra" por importe total del dinero que la UTE del hospital debía abonar a Asegur por la instalación de extintores y otros elementos antiincendios, según su abogado defensor, Sigfrido Gomis.

El propio imputado ha señalado a los periodistas que todo el dinero "estaba justificado" y fue destinado a la compra de materiales, siempre contra los certificados de obras, al tiempo que ha negado que los trabajos de Asegur para la UTE del hospital fueran falsos, como mantiene la Policía. "Pueden pasar a verlas porque las obras están hechas", ha precisado.